Charlotte. - Cuando la agenda legislativa de Carolina del Norte se retome a finales de abril, los inmigrantes indocumentados podrían ser el grupo más afectado por una iniciativa que la bancada republicana está más cerca que nunca de ver aprobada.
La polémica iniciativa HB 10 obliga a los sheriffs a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si no han podido determinar el estatus migratorio de un detenido por delitos graves.
La norma también obligaría a los alguaciles a retener a los inmigrantes hasta por 48 horas para que los agentes federales puedan determinar bajo qué condición migratoria se encuentran en Estados Unidos.
El desastre de 2018
Los republicanos han estado buscando persistentemente una revancha ante la aplastante derrota que sufrieron el 6 de noviembre de 2018, en las elecciones de alguaciles.
Los ciudadanos de las cinco urbes más pobladas del estado y la más importante del oeste eligieron sus nuevos sheriffs, todos afroamericanos y todos demócratas.
Tras los triunfos, en Charlotte, Raleigh, Greensboro, Winston-Salem, Durham y Asheville, los alguaciles decidieron no cooperar incondicionalmente con ICE y dos cancelaron contratos de colaboración.
La suspensión del programa de deportaciones 287g por los sheriffs de Mecklenburg y Wake originó una fuerte reacción de ICE que respondió agresivamente con redadas.
El avance de la HB 10
Desde que se intentó convertir en obligatoria la colaboración con ICE en la Asamblea Estatal los proyectos de ley habían fracasado.
Ante esto, representantes republicanos encabezados por Destin Hall han estado promoviendo que sean obligados por ley.
La HB 10 fue aprobada en marzo del año pasado por la Cámara de Representantes, con el apoyo de la mayoría republicana y de tres legisladores demócratas. Pero no tuvo mayores avances para entrar en discusión en el Senado durante el resto del año legislativo.
Ahora, con las encuestas señalando la supuesta preocupación de la ciudadanía sobre el tema migratorio, los republicanos pretenden usar su súper mayoría para sacar adelante el proyecto en año electoral.
Pero, no parece ser el caso en Carolina del Norte, donde una encuesta de WRAL reveló que el tema migratorio ocupa la sexta posición en la escala de preocupaciones de los votantes.
El gobernador demócrata Roy Cooper ha vetado legislaciones similares en el pasado, pero en 2023 la súper mayoría republicana logró vencer el veto de Cooper en 19 ocasiones.
A favor y en contra
De acuerdo con los promotores de la ley, ésta se hace necesaria ante la negativa de un puñado de sheriffs a colaborar con ICE.
Pues supuestamente más de 90 condados ya están compartiendo información con esta entidad. Hall y los otros patrocinadores de la HB 10 temen que los condados que no están colaborando se conviertan en una especie de santuario para inmigrantes irregulares.
Los detractores de la norma argumentan que las fuerzas del orden perderían energía que podría emplearse mejor protegiendo a la ciudadanía.
Otros dudan sobre la constitucionalidad de la ley, porque impondría pautas sobre funcionarios electos como los sheriffs, y por lo tanto obligados a cumplir un mandato emanado de la confianza de sus votantes.
Funcionarios que se oponen, como el sheriff del condado de Mecklenburg Garry McFadden, insisten en que ICE debe “ hacer su trabajo” y presentar una orden judicial si desea que se retenga a alguien.
La legislación vigente en el estado sí obliga a verificar el estatus migratorio de los que cometan faltas graves o felonías, pero no impone detenciones adicionales si se ha cumplido con el pago de una fianza o el sospechoso es elegible para cualquier otro beneficio de libertad.