Seúl, 16 sep (EFE).- La fiscalía surcoreana pidió hoy una orden de arresto para un pariente del ministro de Justicia surcoreano, Cho Kuk, recientemente nombrado para el cargo pese a las acusaciones sobre supuestas ilegalidades cometidas por él y su familia.
Los fiscales han solicitado a un juez del Distrito Central de Seúl una orden de detención sobre el hombre -hijo de uno de los primos del flamante ministro- por malversación, según informó la agencia Yonhap.
Cho, de 54 años, accedió oficialmente al cargo el pasado 9 de septiembre en medio de un acalorado debate entre partidos y opinión pública ante las sospechas de que el ministro y su mujer falsificaron documentos para los estudios de su hija y también en torno a unas inversiones familiares en un fondo de capital privado.
Precisamente el sobrino segundo del ministro, del que las autoridades solo han facilitado su apellido (también Cho) y edad (36 años), está en el epicentro de estas acusaciones en torno al fondo de inversión.
El hombre fue arrestado para someterle a interrogatorio el pasado sábado cuando aterrizó en Seúl procedente de Filipinas, a donde se había desplazado desde que estalló el caso hace aproximadamente un mes.
A este hombre se le considera el dueño de facto de Co-Link, la empresa que manejaba un fondo en el que Cho, su mujer y sus dos hijos tenían invertidos algo más de 1.000 millones de wones (unos 800.000 euros/900.000 dólares).
Este fondo invirtió a mediados de 2017 (poco después de que Cho fuera nombrado secretario presidencial) en un pequeño fabricante de alumbrado público, del que se convirtió en accionista mayoritario y cuyo valor se disparó de repente tras conseguir la empresa varios contratos públicos.
La fiscalía acusa al hombre de malversar millones de dólares de compañías en las que invirtió Co-Link y además sospecha por otra parte que el ministro Cho, que fue secretario presidencial hasta julio de este año, pudo facilitar al fabricante de alumbrado público la consecución de contratos.
El nuevo titular de Justicia ha rechazado las acusaciones y muchos creen a su vez que la fiscalía ha emprendido una caza de brujas contra Cho, ya que el exsecretario presidencial es considerado el arquitecto del plan para reformar al propio ministerio fiscal, que pasa por restarle competencias a este órgano en favor de la policía.