Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Organismos argentinos de derechos humanos denunciaron este martes la persecución judicial o 'lawfare' que, en su opinión, está sufriendo la vicepresidenta, Cristina Fernández, condenada "sin pruebas" por corrupción hace una semana, hecho que, aseguraron, pone "en peligro" la democracia.
"La democracia está en riesgo en el país, pero está en riesgo en todo el continente", aseveró Adolfo Pérez Esquivel, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980, en una conferencia de prensa en Buenos Aires junto a otros referentes, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El acto, celebrado en el museo ubicado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el mayor centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura (1976-1983), se hizo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y estuvo impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Gobierno.
La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres -desaparecida por la dictadura en 1977-, leyeron un manifiesto muy crítico con los jueces que condenaron a Fernández, firmado por más de 40 organismos.
"Este tribunal político busca, a través de una condena sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, con un fallo que constituye una clara muestra de que en nuestro país existe el 'lawfare'", señala el texto.
Hace una semana, Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en una causa por irregularidades en la concesión de obras durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Tras el veredicto, la vicepresidenta, que no puede ser detenida por la inmunidad de su cargo, afirmó ser víctima de la "mafia judicial" y un aparato "paraestatal" que no le perdona que defienda los "derechos de la gente" y anunció que no piensa aspirar a cargo alguno en las elecciones de 2023.
Según los organismos humanitarios, esta es una "persecución del poder judicial, poder mediático y los poderes concentrados de la economía" a "líderes populares" como ella.
Y advierten de las "coincidencias" con lo ocurrido al expresidente de Brasil y hoy mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva, que en 2018 fue "encarcelado por casi 2 años en un juicio bochornoso, sin pruebas ni garantías constitucionales, al punto que más tarde debió ser anulado".
"La plena vigencia del acuerdo democrático al que nos comprometimos todos los argentinos y argentinas hace casi 40 años requiere que seamos capaces de seguir juzgando a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya ningún tipo de proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses del pueblo", remarcaron.
Los organismos criticaron, además, la "connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos", en referencia a un caso denunciado por el Gobierno por presuntamente integrar una trama de corrupción.