Charlotte.- El martes por la tarde, cuando estaba poniendo a mi bebé a dormir su siesta plácidamente, me saca del espesor mental propio de estas calurosas tardes veraniegas, una llamada telefónica de un tipo que dice ser el abogado Carlos González para comunicarme oficialmente que mi esposo tiene una citación en un juzgado de California el día 23 de septiembre.

Lo primero que pienso es que evidentemente se ha confundido de nombre, pero el abogado tiene los datos correctos de mi esposo. Lo segundo que pienso es que en mi país, las citaciones a juicio tienen que llegar por correo oficial, pero el abogado me dice que los avisos telefónicos son legales. Dudo mucho de que esto sea cierto, pero le pido que me dé más detalles.

Aparentemente un individuo llamado Juan (nombre ficticio) que vive unas cuadras más abajo de mi casa, solicitó en marzo de 2009 un crédito para un curso de inglés poniendo a mi esposo como co-titular.

El caso es que Juan dejó $50 sin pagar, que en el tiempo transcurrido se han convertido en $850 y ahora mi esposo ha de comparecer ante el juez para responder por esta deuda.

Toda la historia suena de lo más irregular. ¿Cómo puede ser que mi esposo aparezca como co-titular en un préstamo si él nunca dio su autorización firmada? El abogado me contesta que esta compañía da préstamos sin preguntar por el estatus migratorio de las personas. Le agradezco la información, pero esto no contesta a mi pregunta y me hace sospechar que el objetivo de esta estafa son inmigrantes sin los papeles en regla, que ante la amenaza de un juicio, aunque sepan que no tienen nada que ver en el asunto, decidan contratar al abogado para que les solucione el asunto y evitar problemas mayores.

Sin darme ninguna respuesta satisfactoria a mis preguntas, pero eso sí, hablando con mucha autoridad, el abogado me propone la siguiente solución: averiguar que efectivamente Juan no tiene nada que ver con mi esposo y llamar inmediatamente al abogado para que entonces él borre el nombre de mi esposo del expediente (cuyo número muy amablemente me facilita).

Aunque esto no lo dice, evidentemente, su intención es cobrar algún dinero por su diligente servicio. Nada más colgar me lanzo al computador y tecleo en Google el teléfono que el abogado Carlos González me ha dado (818) 483-0500 y la palabra SCAM. Mi búsqueda me devuelve 3 resultados con la palabra SCAM o FRAUD y personas que cuentan historias idénticas a la mía: el mismo curso de inglés, la misma deuda de $850. Sospechas confirmadas, esto es un timo. Intento llamar a Carlos González para “agradecerle” su ayuda y, como era de esperar, el teléfono que me dio no funciona. Una pena, parece que este verano no iremos a California.

Como ve, estos estafadores son muy creativos y tienen mil historias distintas para intentar engañarle. ¿Qué puede hacer para protegerse?

Nunca dé sus datos personales a nadie que no conozca. Si recibe una llamada parecida, comuníquelo a la policía, a la agencia nacional de protección al consumidor de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission www.ftc.gov/espanol), y al Fiscal General del estado www.ncdoj.gov o (919) 716-6000 para que se puedan tomar medidas legales contra estos malhechores.