Lima, 21 oct (EFE).- El abogado y periodista Aldo Vásquez Ríos juró hoy como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien renunció el martes al cargo para evitar ser destituido por el Congreso.
El nuevo ministro juró ante el presidente peruano, Ollanta Humala, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima a la que asistió el gabinete de ministros en pleno.
Vásquez Ríos es abogado y magister en Periodismo por la universidad limeña de San Martín de Porres y licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Superior Los Andes de Estudios Sociales (Ilades) de Santiago de Chile, y la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma.
También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad del País Vasco y completó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto en Bilbao (España), y obtuvo el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, de Lima, y director de la Escuela de Derecho y coordinador del Diplomado Internacional en Derechos Humanos de ese centro de estudios superiores.
Anteriormente, se desempeñó como jefe del Gabinete del Ministerio de Justicia y asesor del despacho del Viceministro de Comunicaciones, y ha sido consultor del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer.
Vásquez Ríos reemplaza a Gustavo Adrianzén, quien renunció al cargo para evitar su posible censura en el Congreso, que lo acusaba de intentar impedir que los procuradores del Estado declaren sobre las denuncias de presunta corrupción que se hacen contra la primera dama, Nadine Heredia.
Adrianzén anunció su "renuncia irrevocable" dos días antes de que el Congreso debatiera una moción de censura en su contra que previsiblemente iba a ser aprobada, dada la mayoría que tiene la oposición en el Legislativo.
El ahora exministro explicó que el presidente Ollanta Humala aceptó su dimisión tras comunicársela luego de que oficializara la destitución de la abogada Julia Príncipe como procuradora de Lavado de Activos.
Adrianzén había sido acusado de impedir que los procuradores del Estado declaren a los periodistas sobre el caso Heredia, lo que llevó a una polémica pública con la procuradora Príncipe.