México, 27 abr (EFE).- El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía mexicana, Tomás Zerón, aseguró hoy que la diligencia que encabezó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan con uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa fue “legal”, y presentó un vídeo de más de 10 minutos sobre lo realizado ese día.

“Mi presencia en esa fecha fue legal y a la luz del día”, afirmó en un mensaje a la prensa tres días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionara el hecho de que dicha diligencia no apareciera en el expediente del caso sobre la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.

En la presentación de su último informe del caso, los expertos mostraron un vídeo de la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el mismo lugar en que un día después, según el expediente, fue hallada una bolsa con los restos óseos a partir de los cuales se pudo identificar plenamente a uno de los 43 jóvenes.

Una de las imágenes divulgadas por el grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestra la bolsa de los restos óseos con una etiqueta marcada con fecha del 28 de octubre, cuando el expediente señala que el hallazgo en realidad se produjo el día 29.

Zerón atribuyó lo anterior a un error de la perito responsable, quien marcó la bolsa con una fecha previa a la que en realidad fue hallada por buzos de la Marina, y anunció que ello sería revisado por los órganos internos de control de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

“La validez del hallazgo (…) se acredita con la cadena de custodia”, que va acompañada del indicio y que va firmada por los dos peritos que intervinieron en el proceso el 29 de octubre, apuntó.

Además, los metadatos de la imagen en cuestión muestran que ésta fue tomada el 29 de octubre, afirmó el funcionario al destacar que ellos son como “la huella digital de una fotografía” y, por tanto, “inalterables”.

En relación con la imagen que muestra cuando un perito recoge “un posible indicio”, dijo que especialistas en antropología forense descartaron que se tratase de un hueso humano, “por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa”.

Explicó que su presencia en el lugar el día 28 de octubre fue de escasa una hora y que en ella los peritos que asistieron sólo “hicieron un reconocimiento del lugar y de sus condiciones”, ya que por la urgencia con la que fueron llamados no llevaban “consigo todo el equipo adecuado”.

En su mensaje, en el que no aceptó preguntas de los periodistas, Zerón dijo que la diligencia fue documentada por periodistas que estaban en el lugar, pero no explicó por qué no fue incorporada al expediente, tal como denunció el GIEI.

“Este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente”, enfatizó.

Los familiares de las víctimas pidieron el lunes pasado el cese del director de la AIC tras acusarlo de “sembrar” pruebas en el río San Juan.

De acuerdo con la versión oficial de lo ocurrido en Iguala, los estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula, también en Guerrero.

Pero esa narrativa ha sido cuestionada por el GIEI, lo que agrió la relación entre el Gobierno y los expertos, que saldrán del país el próximo sábado debido a que el Ejecutivo se negó a renovar su mandato.

En su informe final, publicado el domingo pasado, el GIEI denunció graves fallas en la investigación oficial del caso, incluyendo un “rechazo latente” a versiones distintas a la del basurero y la tortura a cuando menos 17 testigos detenidos.