Madrid, 8 may (EFE).- El Congreso español abrió hoy la puerta, por primera vez en su historia, a una futura despenalización de la eutanasia, gracias al apoyo expresado por la mayor parte de los grupos parlamentarios a una proposición de ley que pide la reforma del Código Penal en ese sentido.

La propuesta fue llevada al pleno del Congreso por representantes del Parlamento regional de Cataluña, donde ya fue aprobada, y será votada el próximo jueves, con la oposición del gubernamental Partido Popular (PP-centroderecha) y la abstención de Ciudadanos (liberales), según confirmaron a Efe fuentes de la formación.

La iniciativa solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia, práctica que ya es legal en otros países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá, y cuya regularización ha sido rechazada en España en anteriores ocasiones.

El texto pide también exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.

Actualmente, el Código Penal español contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona".

También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Desde el Gobierno español, la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, descartó la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleve a cabo una reforma de la legislación vigente en favor de la eutanasia.

"Ni el Partido Popular ni el Gobierno pensamos en la posibilidad de reformar nada en favor de la eutanasia, pero sí que desde el Ministerio de Sanidad se ha trabajado en favor de las curas paliativas", dijo en declaraciones a la prensa.

Durante el debate en el Congreso, varios diputados recordaron la figura del doctor Luis Montes, fallecido el pasado 19 de abril, y que luchó por la regulación del suicidio asistido en España.

Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) desde 2009, fue destituido como coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) en 2005 tras una denuncia anónima que acusaba a su equipo de aplicar sedaciones irregulares y excesivas a pacientes terminales, aunque el caso fue finalmente sobreseído.

El debate sobre la despenalización de la eutanasia originó una encendida discusión en España en 1998, coincidiendo con la muerte del parapléjico Ramón Sampedro, y resurgió en 2004 a raíz del éxito de la oscarizada película "Mar adentro", inspirada en su vida, que fue protagonizada por el actor Javier Bardem.

Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que le habían proporcionado, después de 29 años de enfermedad y tras perder la batalla legal que emprendió en 1993 para que se le aplicara la eutanasia.

Él mismo grabó el vídeo de su muerte para que las personas que le ayudaron en los preparativos no fueran penalizadas.

Sólo hubo una imputada en el caso, Ramona Maneiro, apoyada por las firmas de más de 13.000 personas que se culparon de la muerte, hasta que 20 meses después el caso fue archivado por falta de pruebas.

En una entrevista radiofónica, Maneiro dijo hoy que la eutanasia "debe ser para la gente que la quiera y nada más. Para aquella gente que quiera poner punto final a la vida en un momento en que no puede luchar más".

"Lamento pensar que lo que hizo Ramón Sampedro no valió la pena, pero si ahora se regula la eutanasia, me parece genial. A ver si es verdad", añadió.

Por su parte, el médico argentino Marcos Hourmann, único sentenciado en España por facilitar la muerte a una enferma, declaró a la misma emisora sentirse "ilusionado" por lo que espera "sea un pequeño gran paso" después de 20 años de debate.

"La eutanasia debería aplicarse ante una situación médicamente irreversible e incurable. Sobre todo, incurable. Se ha de entender la libertad del individuo y del ser humano, comprender este sufrimiento humano", indicó.

La eutanasia activa sólo es legal en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, mientras que otros países autorizan fórmulas como el suicidio asistido (facilitar la ayuda exterior necesaria para morir a quien quiere acabar con su vida pero no tiene medios para hacerlo), como es el caso de Suiza y el estado de Oregón (EEUU), o la eutanasia pasiva.