Pekín, 12 jul (EFE).- El Gobierno chino confirmó, en un comunicado que reproduce hoy la agencia oficial Xinhua, la detención de abogados de derechos humanos a los que acusó de alterar el orden público con una red que organizaba protestas y pagaba a peticionarios para que participaran en ellas.
El Ministerio de Seguridad Pública corroboró así parte de las denuncias realizadas por tres ONG, que alertaron de la existencia de una campaña policial de ámbito nacional que ha provocado, desde el jueves, arrestos, interrogatorios o registros de hasta 77 personas, la mayoría abogados que trabajan en casos de derechos humanos.
El ministerio afirmó que la trama estaba liderada por el bufete de abogados Fengrui de Pekín, que, añadió, contrataba a manifestantes para influir en las decisiones judiciales pretendiendo "defender la justicia y el interés público".
Las oficinas de esta firma fueron registradas este viernes y cinco de sus empleados, entre ellos el director, Zhou Shifeng, han sido perseguidos por las autoridades, según las ONG Amnistía Internacional (AI), Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD) y China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG).
La policía ha detenido a Zhou, así como a sus compañeros en Fengrui Liu Sixin, Huang Liqun, Wang Yu y Wang Quanzhang, según el comunicado del Gobierno chino.
Seguridad Pública aseguró que desde 2012 este grupo ha organizado más de 40 incidentes que generaron controversia y alteraron "severamente" el orden público.
El ministerio explicó que los abogados organizaban protestas en apoyo de su actividad y que recurrían a celebridades con muchos seguidores en las redes sociales para hacer llegar sus mensajes a un público más amplio y ganaban popularidad al mismo tiempo que, supuestamente, cobraban más comisiones.
Asimismo, el Gobierno chino culpó a los abogados por convertir "incidentes controvertidos en políticos".
El contenido de este comunicado fue criticado por las ONG y, en unas declaraciones a Efe, el investigador de AI en Hong Kong William Nee señaló que "llama la atención su poca base legal y su fuerte contenido político".
"Están confundiendo el rol de los abogados y esa conducta no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos: los abogados no deberían ser perseguidos por aceptar ciertos casos ni ser identificados con sus clientes por el hecho de defenderlos", explicó Nee.
"Básicamente, (el comunicado) es un ataque a los derechos humanos", abundó el representante de Amnistía.
La operación policial comenzó el jueves con la desaparición de una conocida abogada defensora de los derechos humanos, Wang Yu, empleada de Fengrui y que formó parte del equipo de letrados que trabajó en la defensa del intelectual uigur Ilham Tohti (condenado en septiembre a cadena perpetua).
En total, 77 personas (71 abogados, 3 trabajadores del bufete Fengrui y tres activistas por los derechos humanos) procedentes de 15 provincias chinas han sido citados por la policía, interrogados, retenidos temporalmente, arrestados o se encuentran desaparecidos, según datos facilitados hoy a Efe por la organización CHRLCG.
De esos 77, nueve (ocho abogados y un activista también familiar de Wang) siguen bajo custodia policial y han estado incomunicados entre 33 y 78 horas, aclaró CHRLCG, mientras que cuatro (dos abogados y dos empleados de Fengrui) están desaparecidos.
Los 64 restantes (61 abogados, un trabajador de Fengrui y dos activistas) han sido interrogados, detenidos y posteriormente puestos en libertad, aunque algunos de ellos han vuelto a ser arrestados por la policía horas después de su liberación.
Esta campaña llega menos de dos semanas después de la aprobación de la nueva y polémica Ley de Seguridad Nacional, con amplias competencias y que enfatiza el liderazgo del Partido Comunista de China.