Washington, 23 oct (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, está trabajando para cumplir con la orden judicial de una jueza de California, que dio al Ejecutivo hasta hoy para liberar a los niños de los centros de detención para inmigrantes indocumentados o mejorar las condiciones en las que viven.

"A la luz del vencimiento de la fecha límite del 23 de octubre sobre orden de la corte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha trabajado con esmero para asegurarse de que se cumple con todos los aspectos de la orden de la corte", destacó la portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jennifer Elzea.

Hoy termina el plazo que la jueza de California Dolly Gee dio al Gobierno de EE.UU. para liberar o mejorar las condiciones en las que viven los menores en los centros de detención de Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.

En sus decisiones judiciales, del 24 de julio y el 21 agosto, la jueza de la Corte del Distrito Central de California acusó al Gobierno de haber violado el acuerdo extrajudicial "Flores", de 1997, por el que los pequeños deben vivir en las condiciones "menos restrictivas" posibles.

El Gobierno de EE.UU. presentó el 6 de agosto un recurso en el que pedía a la jueza que reinterpretara el acuerdo "Flores" y el 18 de septiembre presentó un aviso en el que advertía a la jueza que tenía pensado apelar su último fallo con un nuevo recurso, cuyo plazo de presentación vence el 29 de febrero de 2016.

"Estamos en desacuerdo con el razonamiento legal de la decisión y hemos presentado un aviso de recuso para preservar nuestra capacidad de impugnar esos términos", destacó, en ese sentido, un alto funcionario del Gobierno, que pidió el anonimato.

"Seguimos comprometidos con la reforma de nuestras políticas de los centros en los que residen las familias, como lo hemos estado haciendo durante los últimos meses", añadió este empleado gubernamental.

Esta batalla legal entre Obama y una jueza de California por los centros de detención de inmigrantes llega tras meses de polémica con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon con "cárceles" por el "grave" daño que causan a madres y niños.

Obama clausuró los centros en 2009, poco después de su llegada al poder, pero decidió reabrirlos tras el gran número de familias que el año pasado cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde salieron huyendo de la violencia.

A pesar de las críticas, el Gobierno de EE.UU. ha mantenido su intención de continuar con los centros, aunque en línea con la reforma anunciada en junio pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en estas instalaciones.

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en EE.UU. hay actualmente tres centros de detención de inmigrantes: Berks (Pensilvania), Karnes City y Dilley.

En Berks había internadas a principios de agosto 76 personas (la capacidad es de 96); en Karnes City, con capacidad para 532 personas, hay 193 internos; y en Dilley permanecen 1.182 personas, aunque hay espacio para 2.400.