Raleigh.- Los miembros del comité de inmigración de la Legislura estatal intentaron justificar la necesidad de leyes más estrictas en contra de los inmigrantes indocumentados, pero no pudieron conseguir información que avale sus argumentos, según concluyeron diversos líderes y activistas proinmigrantes que asistieron a la segunda sesión de este grupo.
Irene Godinez, de la Coalición Latinoamericana, celebró que los representantes de las agencias estatales hayan aclarado a los legisladores que los inmigrantes sin documentos no se benefician del estado como ellos creían.
“Creo que el punto clave fue que las personas indocumentadas no reciben servicios en Carolina del Norte como ellos pensaban. Ellos venían con la idea de que los inmigrantes absorvemos $2 billones al estado, pero eso no es cierto”, dijo Godínez.
John Faison, director del Centro Internacional de Raleigh, una organización religiosa sin fines de lucro que apoya a los inmigrantes, coincidió con esa conclusión pero advirtió sobre las intenciones de los legisladores.
“Es obvio que algunos miembros del comité estan bien en contra de los inmigrantes, pero las personas que se presentaron ahora dieron información correcta, el problema será la interpretación que le van a dar los legisladores”.
Mauricio Castro, de la organización We Are NC y la Coalición Latinoamericana, señaló la importancia de hacer llegar a los legisladores información sobre el aporte que la comunidad inmigrante hace al estado.
“Nuestra labor es educarlos y proveerles información para que ellos no solo escuchen el sonido de sus tambores, nos toca mostrar otros aspectos, como las contribuciones reales que hacemos como comunidad inmigrante”, dijo.
“Muchas de las cosas que los legisladores están pidiendo ya se están haciendo, ellos han podido escuchar de parte de las agencias que las personas indocumentadas no pueden recibir muchos beneficios y pedirles a estas oficinas que identifiquen y denuncien a personas indocumentadas no gastaría más recursos”, agregó.
John Herrera, cabildero y miembro del directorio de la Cooperativa Latina, dijo que las intenciones de los legisladores no tienen justificación.
“Ellos están tratando de conseguir financiamiento para el 287 g y ver qué leyes pueden pasar para hacer de Carolina del Norte un estado que aleje a los inmigrantes, y no quieren ver lo que nosotros contribuimos”, dijo.
“Las estadísticas no ameritan las medidas que quieren implementar contra una población pequeña, indefensa y mal pagada”, agregó Herrera.