Lima, 19 may (EFE).- El ministerio de Justicia de Perú anunció hoy que no cumplirá la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Gregorio Santos, el enjuiciado líder de las protestas contra el suspendido proyecto minero Conga, porque su vida no está en riesgo.

A través de un comunicado de prensa, el ministerio peruano de Justicia afirmó que la resolución No 18/2015, emitida por la CIDH el 14 de mayo, "es notoriamente improcedente pues carece de fundamento legal que la ampare".

"La Comisión IDH no está facultada por la Convención para emitir este tipo de medidas cautelares; por tanto, el Gobierno peruano no se siente en la obligación legal de cumplirla y no lo hará", precisó.

El ministerio informó que es "inexacto que la vida del interno se encuentre en riesgo", prueba de ello es que a lo largo del tiempo que está internado, desde junio del año pasado, no se ha presentado ningún suceso que pudiera hacer suponer de la existencia de algún peligro.

La Comisión dictó medidas cautelares a favor de Santos por considerar que está en una situación de "gravedad y urgencia", según informó hoy en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

No obstante, el ministerio peruano explicó que el hermano de Santos hizo el pedido de las medidas cautelares por presuntos problemas con las condiciones de reclusión y por presuntos problemas vinculados con el ejercicio de sus derechos políticos, al no poder asumir la gobernación regional de Cajamarca por tener detención preventiva.

Santos cumple una prisión preventiva de 14 meses por un caso de presunta corrupción durante el ejercicio de la presidencia regional de Cajamarca, un cargo al cual fue reelegido el año pasado, pero que no asumió por estar en prisión.

Respecto al ejercicio de los derechos políticos de Santos, la Comisión ha denegado la medida cautelar, indicó el ministerio, razón por la cual se mantiene la decisión adoptada por la autoridad electoral peruana.

La CIDH ha señalado que el Estado debe adoptar medidas que garanticen sus condiciones de detención y que las mismas deben ser concertadas con el beneficiario y sus representantes, pero estos solicitan que pueda cumplir su condena "en los locales del gobierno regional o en su comunidad indígena", lo cual es rechazado por el Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia consideró que "esta injustificada decisión de la Comisión IDH es una muestra más de la política que dicho organismo internacional viene desplegando en perjuicio de los esfuerzos que el actual Gobierno peruano viene desplegando en favor de la promoción y protección de los derechos humanos".

Santos cumple prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Piedras Gordas I de distrito de Ancón en Lima desde junio del año pasado por presuntamente haber recibido dinero de un empresario para que este ganara, en consorcio con otras empresas, once procesos de licitación de obras ejecutadas en la región Cajamarca.

El ministerio agregó que resulta "absolutamente inoportuno que, en momentos de convulsión social a causa de las protestas antimineras en el Valle del Tambo, la Comisión IDH admita una medida cautelar en favor de uno de los líderes del movimiento antiminero del país", en alusión a las manifestaciones contra otro proyecto minero que han dejado tres muertos en la región Arequipa.

La CIDH solicitó a Perú que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Santos, y exigió al Gobierno de Lima garantizar que las condiciones de detención "sean adecuadas a los estándares internacionales aplicables y que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes".