Washington, 21 jun (EFE).- El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, dijo hoy que someterá a un voto clave el lunes próximo una enmienda considerada como una tabla de salvación para la reforma migratoria, en medio de las críticas por la militarización de la frontera y su alto coste.
La enmienda, propuesta por los senadores republicanos John Hoeven, de Dakota del Norte, y Bob Corker, de Tennessee, dominó hoy el debate en el Senado, que prevé cerrar la discusión sobre toda la reforma migratoria el próximo jueves.
"Esta enmienda pondrá fin a cualquier preocupación creíble que aún exista sobre la seguridad fronteriza", dijo Reid, al anunciar que la enmienda, añadida a una del senador demócrata Patrick Leahy, tendrá un voto de procedimiento clave la tarde del lunes próximo.
La enmienda, elaborada en consultas con el "Grupo de los ocho" que negoció la reforma migratoria, requerirá 60 votos para poner fin al debate sobre la misma.
"Completaremos este proyecto de ley antes del receso" por el festivo del Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio. afirmó Reid.
Como condición para la residencia permanente para los once millones de indocumentados, la medida establece un "plan de refuerzo" en la frontera, con la duplicación a 40.000 del número de agentes federales, la construcción de un muro en 1.126 kilómetros y el uso de equipos de alta tecnología, incluyendo helicópteros, radares y aviones no tripulados.
Solo la contratación de 20.000 agentes fronterizos adicionales costará aproximadamente 30.000 millones de dólares.
Leahy dijo que votará por la reforma para corregir el sistema migratorio, pese a que los componentes de la enmienda en cuestión "parecen una lista de deseos de Navidad de (la empresa petrolera) Halliburton".
Con mucho sarcasmo, el senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, dijo que la enmienda es "mágica" y la comparó con un "balde de agua repleto de agujeros" porque incrementa los gastos dentro de la legislación.
El senador republicano de Arizona, John McCain, miembro del "Grupo de los ocho", reconoció que hay un "escepticismo entendible" entre sus correligionarios, tomando en cuenta que la reforma de 1986 prometió frenar la inmigración ilegal y no lo logró, y que tampoco se completó la construcción de un muro en la frontera sur, como lo estableció una ley de 2006.
Hoeven insistió en que la enmienda deja en claro que "no habrá tarjetas verdes (de legalización para los indocumentados) hasta que aseguremos la frontera" con México.
Además, "elimina el incentivo" para futuras migraciones ilegales hacia EE.UU., porque prohibirá la contratación de indocumentados, subrayó.
Para el senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, otro miembro del "Grupo de los ocho", la enmienda garantizará la aprobación de la mayor reforma migratoria en EE.UU. desde 1986, al cambiar la dinámica del debate también en la Cámara de Representantes.
Si bien la enmienda está diseñada para acelerar la aprobación de la reforma, ésta también suscitó críticas de grupos progresistas, que consideran que los senadores se afanan en sumar puntos políticos pero sacrifican la meta de la austeridad fiscal.
Kica Matos, portavoz del movimiento pro reforma "FIRM", señaló que los republicanos "simplemente han demostrado que su apetito por gastar en el reforzamiento de la frontera es insaciable".
El gasto de 30.000 millones de dólares para "militarizar la frontera", cuando la zona "está más segura que nunca" y el Gobierno ya invirtió 18.000 millones de dólares en el año fiscal 2012, podría minar los derechos civiles, dijo.
Por su parte, Marielena Hincapié, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés) dijo que la enmienda no es más que "una propuesta excesiva y costosa para militarizar la frontera", a cambio de la legalización y eventual ciudadanía para los indocumentados.
Es "un desperdicio de dinero de los contribuyentes" y debilita "los valores estadounidenses sobre el debido proceso y el trato equitativo para los millones que viven a lo largo de nuestra frontera", se quejó.
Gustavo Torres, director ejecutivo del grupo "CASA en Acción", prometió movilizar a organizaciones cívicas para que el Senado rechace la enmienda Hoeven-Corker, tras advertir de que la comunidad inmigrante no es "infinitamente sacrificable".