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Charlotte. – La ciudad de Graham, el Departamento de Policía de Graham y el Sheriff del Condado de Alamance llegaron a un acuerdo de pagar $336,000 a un grupo de manifestantes que presentó una demanda derivada de una protesta donde fueron rociados con gas pimienta por uniformados.

Estos hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2020 en Graham, condado de Alamance.

Representantes y representados

Las entidades que representaron a los agraviados fueron la Unión de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC), el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley (CCRUL) y el bufete de Mayer Brown LLC. Los abogados anunciaron la resolución como un triunfo para los derechos civiles y los derechos del voto.

Los tres grupos representaron a 17 individuos, así como a las organizaciones comunitaris Justice 4 the Next Generation (Justicia para la Próxima Generación) y Alamance Alliance for Justice (Alianza de Alamance por la Justicia).

Brutalidad policial

“Los demandantes en este caso no querían hacer otra cosa que expresar sus opiniones sobre la igualdad racial y votar en las elecciones de 2020.  Se encontraron con una brutalidad policial injustificada e ilegal.  Algo en esta comunidad tiene que cambiar”, dijo Stephen Medlock, de la firma legal.

Los participantes en la “Marcha del cambio a las urnas” sufrieron lesiones físicas cuando los agentes utilizaron gas pimienta contra los manifestantes, entre los que había niños, ancianos y personas con discapacidad, afirmaron los representantes legales de los demandantes.

“Aterrorizados por las acciones y sufriendo los dolorosos efectos del gas pimienta, muchos participantes no pudieron acudir a las urnas ese día. Varias personas, entre ellas varios demandantes del caso, fueron detenidas injustamente”, aseveraron los representantes de los demandantes.

Demandados

La demanda fue presentada la Corte Federal de Distrito en noviembre de 2020 y tenía como demandados a la ciudad de Graham; a la jefa de policía, Kristi Cole, y a 15 de sus agentes; al sheriff del condado de Alamance, Terry Johnson y a 15 de sus ayudantes.

La acción de las agencias policiales ocurrió el último día de votación anticipada de las elecciones generales de noviembre de 2020. 

Violación de tres enmiendas

“Es indignante que la gente que marchaba a las urnas para emitir su voto se encontrara con la brutalidad policial. El derecho a reunirse y marchar en apoyo de una causa compartida es el núcleo de la Primera Enmienda”, dijo Chantal Stevens, directora ejecutiva de la ACLU de Carolina del Norte.

“Los ataques contra nuestros clientes se remontan al movimiento por los derechos civiles, cuando los activistas negros y sus aliados fueron atacados con saña por intentar ejercer su derecho constitucional al voto”, dijo Damon Hewitt, presidente y director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

La ACLU de Carolina del Norte afirmó que la demanda tuvo como objetivo proteger los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y de reunión en virtud de la Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución, así como los derechos protegidos en virtud de la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto.

Reacción de demandados

“Era en el mejor interés de nuestra comunidad llegar a un acuerdo equitativo en la demanda y evitar los gastos de un litigio prolongado”, consigno en un comunicado el Departamento de Policía de Graham.

Como parte del acuerdo, Cole, la jefa de la policía de Graham, ha accedido a mantener una reunión en persona con cualquiera de los demandantes que quiera sumarse en un plazo de 60 días a partir de la resolución final de la demanda.

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