Jerusalén, 25 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo hoy que la reforma judicial de su Gobierno será un refuerzo para la economía y no un problema, tras críticas del gobernador del Banco Central de Israel (BCI) y economistas que le advirtieron de los peligros económicos que el plan podría suponer.
"En los últimos días he escuchado preocupaciones sobre el efecto de las reformas legales en nuestra resiliencia económica, (pero) la verdad es todo lo contrario. Nuestros pasos para reforzar la democracia no dañarán la economía, la fortalecerán”, aseguró el jefe de Gobierno en una rueda de prensa junto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Su comparecencia pública se produce tras semanas de polémica por el plan de reforma judicial del nuevo Gobierno, que quitaría poderes al Tribunal Supremo y erosionaría la separación de poderes del país.
Todo ello ha suscitado una oleada de protestas en contra del plan, las más masivas en Israel en décadas.
A su vez, anoche, el gobernador del BCI, Amir Yaron, se reunió con Netanyahu para alertarle sobre los riesgos que entraña para la economía el plan de reforma judicial, que podría ahuyentar a los inversores y perjudicar la calificación crediticia del país.
Asimismo, más de 270 economistas y académicos israelíes publicaron hoy una "carta de emergencia" en la que advierten sobre las graves implicaciones para la economía que puede tener la reforma judicial planteada por el nuevo gobierno.
“La concentración de un vasto poder político en manos del grupo gobernante sin fuertes controles y equilibrios podría paralizar la economía del país”, advirtieron los signatarios de la carta.
Ante las preocupaciones existentes, el ministro de Finanzas enfatizó esta tarde que el Ejecutivo introducirá "un paquete gigante de reformas" al presupuesto estatal para facilitar el proceso para impulsar negocios e iniciativas económicas en Israel.
Según Netanyahu, ciertas intervenciones del poder judicial retrasaron en el pasado el avance de varios proyectos estratégicos clave en el país, como el desarrollo de las reservas de gas natural, la construcción del metro de Tel Aviv o de una gran autopista.
Entre otras cuestiones, el plan de reforma judicial que pretende impulsar el Gobierno permitiría que una mayoría simple de diputados pudiera anular en el Parlamento los fallos emitidos por el Tribunal Supremo sobre legislaciones que considera inconstitucionales.
Esto, según los críticos, daría poder a la coalición gubernamental para promulgar todo tipo de leyes ante las que el poder judicial israelí no tendría una capacidad real de control e intervención, asestando un golpe al Estado de derecho y a las bases democráticas del país.