Chapel Hill.- La justicia se ha puesto finalmente de parte de María Isabel Prudencio-Arias, una trabajadora de la universidad de UNC en Chapel Hill que durante meses tuvo que soportar el trato vejatorio de su jefe en la sección de limpieza de la institución, Bill Burston.

Según denunció la empleada de limpieza, natural de El Salvador, Burston la acosaba sexualmente en el trabajo y la humillaba cuando ella no accedía a sus deseos. A raíz de la denuncia de Prudencio-Arias, tanto Bill Burston como su ayudante,  Tonya Sell, fueron despedidos en 2011 pero no fue hasta el pasado viernes cuando la juez que estudiaba el caso en la Corte de Orange hizo público el veredicto del juicio levantado contra UNC, fallando a favor de Prudencio-Arias.

Según la letrada Melissa Owens Lassiter, la universidad “no violó la Ley de Protección de los Denunciantes”, tal y como defendió el abogado de Prudencio-Arias, Alan McSurely, durante el juicio, aunque sí que reconoció que “la universidad actuó de manera arbitraria y caprichosa en la aplicación de su política” que derivaron en una situación de acoso y discriminación hacia  Prudencio-Arias.

“Cuando yo no permitía que él me tocara, me obligaba a agarrar un trapo y limpiar de rodillas el piso del baño de los hombres y ensuciarme de orines o me hacía limpiar el jardín con una aspiradora sabiendo que yo no podía hacer esos trabajos porque tenía muy lastimada la espalda”, contó la afectada a Qué Pasa.

“Él pensaba que yo no lo iba a denunciar, pero no me quedé callada y busqué ayuda”, explicó Prudencio-Arias, a quien le aconsejaron que acudiera a la oficina del abogado Al McSurely.
“Había días que no quería ni salir de casa, pero Dios me dio fuerzas y me puso ángeles en el camino que me fueron ayudando”, dijo la trabajadora de UNC, que nunca dejó su trabajo.

Para su abogado, el caso es un ejemplo claro de discriminación racial. “El problema está en que después de que María Isabel denunció su caso ante la oficina de Recursos Humanos no se pararon los acosos de inmediato, ha pasado mucho tiempo y hemos visto que la UNC decidió no investigar, y eso es un problema grave”, declaró McSurely.

Por ello, piensan presentar la sentencia ante una Comisión de Personal Estatal. “Existen pruebas suficientes que evidencian que la UNC violó la Ley de Defensa del denunciante y por eso queremos que la universidad pague una multa y que esto sirva de precedente para que en casos futuros la institución tome medidas”,  destacó McSurely.

Según detalló el abogado defensor, esta ley fue aprobada en Carolina del Norte “para asegurar que las personas puedan denunciar sin miedo a represalias cuando una institución comete abusos o actos ilegales”.

“En el caso de Isabel esto no fue así en absoluto, porque a ella le aconsejaron en UNC que no fuera más allá y si abandonaba el trabajo corría el riesgo de no encontrar otro empleo por las malas recomendaciones que el antiguo director iba a dar de ella”, explicó el abogado, quien ha solicitado una indemnización de $160,000 para Prudencio-Arias por “el estrés emocional y la depresión” que padeció su cliente.

“En estos puestos de trabajo tradicionalmente ha sido así: a los antiguos limpiadores afroamericanos se les trataba como sirvientes hasta hace bien poco, ahora son los inmigrantes quienes ocupan esos puestos y quienes tienen que aprender a defenderse y a hacer valer sus derechos”, recalcó el abogado.