Raleigh.- Las directrices  anunciadas por el Departamento de Seguridad Pública (DHS) el 21 de febrero y que sirven como guía de las Órdenes Ejecutivas  firmadas por el presidente Donald Trump,    reiteran los siete criterios que, para el actual gobierno, convierten en deportable a un inmigrante.

Los documentos  señalan que una persona podría ser detenida y enfrentar un proceso de deportación si: ha sido encontrada culpable de un crimen, acusada de un crimen aunque el caso no haya sido resuelto  y, que ha cometido actos que constituyen un delito punible. Además un inmigrante que ha cometido fraude o actos engañosos en relación a un asunto oficial ante una agencia gubernamental y que haya abusado de un programa de ayuda pública, también lo pone en la mira del   gobierno.

La sexta y séptima posibilidad indican que un inmigrante podría ser removido de Estados Unidos, si pese a tener una orden de deportación, ha permanecido en el país y también, quien en la opinión del oficial de inmigración, representa una amenaza a la seguridad pública o nacional.

Todos en riesgo
Para los abogados de inmigración estos criterios de deportación, definidos en el memorando “Aplicación de la Ley de Inmigración” que buscaría delinear la orden ejecutiva relacionada con la seguridad interior de Estados Unidos, siguen siendo difusos puesto que no detallan la gravedad de los crímenes y, por lo tanto,  permiten el uso de un amplio criterio por parte de las autoridades de inmigración.

“Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional en realidad no aclaran mucho de cómo se van a interpretar las prioridades que se determinaron en la orden ejecutiva. Tampoco definen qué tipo de actos que una persona haya cometido, pueden ser considerados criminales”, dijo Raúl Pinto, abogado del Centro de Justicia de Carolina del Norte.

En este contexto, dijo Pinto, una persona que maneja sin licencia en el estado y es detenida, podría estar en riesgo de un proceso de deportación. Además señala que explícitamente una de las directrices indica que una persona que no tenga cargos en su contra (tan solo una acusación) puede estar en riesgo.

El abogado Nigel A. Edwards, de Baloch Law Firm, explicó que pese a que para la ley de inmigración una persona que se encuentra sin estatus puede ser deportada,  las anteriores administraciones querían enfocarse sólo en quienes hubiesen cometido un delito grave  y/o que, ante una acusación, hayan sido declaradas culpable.

“Ahora es diferente. Si una persona es detenida las autoridades pueden notificar a inmigración y la personas podría enfrentar un proceso de deportación”, afirmó Edwards.

Lo mismo opina el abogado Esteban Díaz, de  Matta Law Firm, para quien las directrices no dan una definición exacta sobre los delitos que hacen que un inmigrante pueda ser procesado para una posterior deportación, por lo que aconsejó  a los inmigrantes que tienen un delito menor o grave como DWI,  tomar medidas de precaución y quienes no tengan problemas con las ley, mantener su récord limpio.

“Cuando una autoridad detiene a un inmigrante y quiere saber cuál es su estatus y esa persona no tiene pruebas que es ciudadano, residente o que tiene una visa legal, lo van a llevar a la cárcel y van a empezar con las preguntas. De acuerdo a lo que se muestre lo pueden procesar con cargos de inmigración y de allí, quizá     pueda ser deportada”, afirmó la abogada Jorgelina Araneda

Mientras que la abogada Jessica Yáñez explicó que hasta enero, las deportaciones solo eran de personas con cargos criminales serios como DWI y violencia doméstica, o con una orden de deportación de la corte.

“Leyendo las órdenes ejecutivas, la última frase dice que pueden detener a cualquier persona indocumentada que tenga contacto con inmigración.  La gente tiene que quitarse de la mente que solo pueden deportar a criminales. Ahora incluyen a cualquier persona sin un estatus en el país”, dijo

Usted tiene derechos
Ante este panorama, los abogados    coincidieron en enfatizar que pese a las Órdenes Ejecutivas y a sus directrices los inmigrantes indocumentados tienen derecho a defender su caso ante una corte de inmigración.

“Todavía existen los mismos derechos con respecto a una detención, salvo para una persona que tiene una orden de deportación”, dijo Edwards al referirse que si alguien es arrestado, puede solicitar una fianza y luchar para no ser expulsado del país. 

Díaz recordó que las leyes de inmigración están amparadas por la constitución. “Una ley sólo se   puede cambiar con otra ley. Y aunque ICE niegue la fianza siempre se puede pedir una fianza a un juez de inmigración”.