Raleigh, 5 may 2016.- Un grupo de legisladores demócratas presentó el jueves un proyecto de ley que propone una reforma constitucional para subir el salario mínimo de Carolina del Norte a $9 la hora y reajustarlo cada año de acuerdo con el promedio estatal del costo de vida.
Los principales patrocinadores del proyecto de ley HB 1046 son los representantes demócratas Carla Cunningham (Distrito 106, condado Mecklenburg), Graig Meyer (Distrito 50, condados Durham y Orange), Bobbie Richardson (Distrito 7, condados Franklin y Nash) y Jean Farmer-Butterfield (Distrito 24, condados Pitt y Wilson).
El proyecto de ley HB 1046 plantea reformar el Artículo 1 de la Constitución de Carolina del Norte agregándole una nueva sección que fija el salario mínimo de $9 la hora a partir de enero de 2017.
Además, indica que dicho salario mínimo estatal deberá reajustarse cada año de acuerdo con el costo de vida mediante un cálculo que haría el Comisionado de Trabajo, utilizando el índice de precios del consumidor.
“Todos los trabajadores de Carolina del Norte tienen derecho a recibir un salario mínimo que es suficiente para proporcionar una vida digna y saludable para ellos y sus familias”, dice el texto de la propuesta legislativa.
El proyecto de ley declara ilegal que un empleador discrimine o tome una acción adversa en contra de cualquier persona como represalia por hacer respetar sus derechos bajo la reforma propuesta y faculta a los empleados víctimas de cualquier violación de ese estatuto a presentar una acción civil en la corte por salarios impagos y daños.
Por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto HB 1046 indica que la propuesta de subir el salario mínimo estatal debe ser sometida a consulta de los votantes, mediante una pregunta que aparecería en la cédula de votación de las elecciones generales del 8 de noviembre.
El proyecto de ley, sin embargo, difícilmente obtendrá el apoyo de la mayoría republicana que domina las dos cámaras de la Asamblea General del estado y que en marzo aprobó la controvertida ley estatal HB2, la cual prohibió que los municipios y condados establezcan sus propias políticas de salario mínimo.
Además, dicha ley estatal –la cual ha sido objeto de una demanda estatal y críticas en todo el país por su carácter discriminatorio, particularmente con la comunidad LGTB- quitó el derecho de los empleados a demandar civilmente a sus empleadores en las cortes estatales por discriminación laboral.
El gobernador Pat McCrory, que sigue defendiendo la mayor parte de la ley HB2, ha pedido a la Asamblea General mediante una orden ejecutiva que restituya el derecho a demandar a los empleadores por discriminación en las cortes estatales.
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