Raleigh.- Una empobrecida versión del proyecto de ley HB36, que obliga al gobierno estatal, municipalidades y contratistas a revisar el estatus legal de nuevos trabajadores, a través del programa federal de verificación de empleos E-Verify, fue aprobada en la Legislatura de Carolina del Norte y se convirtió en la única ley en contra de los indocumentados en 2011.

La norma, que se encuentra a la espera de ser firmada por la gobernadora de Carolina del Norte, Beverly Perdue, exime a las empresas con menos de 25 empleados a realizar este control, lo que dejó una amarga insatisfacción entre quienes inicialmente promovieron el proyecto, como el representante republicano George Cleveland.

El HB36 sufrió cinco modificaciones con respecto a su texto inicial y en en una de las versiones obligaba a todos los negocios a revisar el estatus migratorio a sus empleados, aunque esto finalmente no prosperó gracias el liderazgo republicano en el Senado.

La última edición de la ley tampoco obliga a las empresas que tengan contratos comerciales con el gobierno, menores a 90 días, a utilizar el E-Verify con los trabajadores ocasionales.

Del mismo modo, señala que cualquier queja para reportar que una compañía está empleando obreros indocumentados debe ser canalizada a través del Departamento de Trabajo y no es necesario identificarse para elaborar una denuncia.

También establece escalas para quienes incumplan con la obligación de chequear el estatus de sus empleados y estipula como delito menor el proveer información falsa sobre una empresa que supuestamente haya contratado trabajadores indocumentados.

De comprobarse alguna irregularidad, los empleadores deberán presentar una declaración jurada en la que se detalle que exigieron a sus trabajadores proporcionar documentos sobre su condición migratoria. En caso de incumplir, podrían estar sujetos a una multa de $10,000.

Una segunda falta obligaría al negocio a pagar una multa de $1,000, sin importar la cantidad de trabajadores investigados y una tercera violación a la ley sancionaría a las empresas con $2,000 por cada obrero que no haya sido debidamente revisado.

George Cleveland, patrocinador de la iniciativa de ley, señaló que estaba decepcionado de que la medida sólo afectaría a cerca del 20 por ciento de los negocios del estado, pues el resto son empresas pequeñas con menos de 25 empleados.

Agregó que presionará para que se les incluya en el requerimiento de verificación de indocumentados ya que “estas empresas son las que los están empleando”.

El antiinmigrante William Gheen, director de ALIPAC uno de los grupos más influyentes contra los inmigrantes, se mostró furioso con la última versión del HB36 y pidió la renuncia de los senadores republicanos Phil Berger, Bob Rucho, Tom Apodaca y Harry Brown, por considerar que su injerencia fue determinante para evitar un proyecto más agresivo.

Irene Godínez, cabildera de la Coalición Latinoamericana, destacó que el HB36 fue el único proyecto antiinmigrante que podría convertirse en ley, pese a que se presentaron muchas normas contra de los indocumentados.

Sobre el HB744, llamado la Migra en las Escuelas, resaltó que hace un par de semanas se eliminó la parte más controversial de la propuesta, que obligaba a los directores a preguntar por la legalidad de los estudiantes.

Sin embargo, Godínez hizo notar que la medida regula que los padres presenten una copia certificada de las partidas de nacimiento de los niños y las cartillas de vacuna, aunque esto ya se da en la mayoría de sistemas escolares.

La ley que obliga a los votantes a presentar una identificación válida al momento de sufragar también fue aprobada y remitida al despacho de la Gobernadora, pero se espera su veto en los próximos días.

Petición de veto

Algunos grupos proinmigrantes mantienen la esperanza de que la gobernadora Perdue también utilice el veto contra la HB36. Para apoyar este propósito puede llenar una aplicación de internet en: http://t.co/JgiWfWl o llamar a la Gobernación al (919) 733-5811.