Charlotte.- El 12 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos que decidirán la suerte de los casi 800 mil soñadores que fueron beneficiados con la Acción Diferida que decretó el presidente Barack Obama para aquellos que llegaron al país traídos por sus padres de forma irregular siendo niños.

La impresión que tuvieron los asistentes a la audiencia y lo registrado en las informaciones de los medios de comunicación fue que la mayoría conservadora de los jueces del tribunal de justicia parecieron estar del lado del gobierno del presidente Donald Trump, que no ha tenido ninguna compasión con los dreamers y en septiembre de 2017 puso fin al programa mediante un memorando básico de anulación.

Existen todas las razones de compasión, de moral, de humanidad, de economía, de sentido común para que DACA continúe, se le dé un estatus legal a los soñadores e incluso un camino a la ciudadanía.

Sin embargo, en el campo judicial probablemente la ley podría darle la razón a Trump.

Orden ejecutiva

El memorando anunciado los la administración de Obama el 15 de junio de 2012, evitando la deportación de los soñadores y dándoles la oportunidad de recibir permiso de trabajo para laborar en el país, fue una orden ejecutiva presidencial.

En Estados Unidos, una orden ejecutiva es una directiva emitida por el presidente de los Estados Unidos que tiene el poder de administrar las operaciones del gobierno federal.

El Artículo Segundo de la Constitución le otorga al presidente una amplia autoridad ejecutiva para usar su discreción para determinar cómo hacer cumplir la ley, administrar los recursos y el personal de la rama ejecutiva.

La capacidad de hacer y dar tales órdenes también se basa en leyes federales expresas o implícitas que delegan en el presidente cierto grado de poder discrecional, lo que se denomina legislación.

Las órdenes ejecutivas presidenciales, una vez emitidas, permanecen vigentes hasta que se cancelen, revoquen, juzguen ilegalmente o expiren en sus propios términos.

En cualquier momento, el presidente puede revocar, modificar o hacer excepciones a cualquier orden ejecutiva, ya sea que la orden haya sido hecha por el presidente actual o un predecesor.

Práctica común

A Obama se le acusó de hacer reformas migratorias y amnistías por decreto, lo que siempre fue una falacia de sus contradictores.

Obama hizo lo que todos los presidentes han hecho, con excepción de uno, desde George Washington: usar su discreción ejecutiva.

Pero para infortunio de los dreamers DACA era solo eso, una orden ejecutiva que está ahora a merced del libre albedrio del actual ocupante de la Oficina Oval de la Casa Blanca.

La acción diferida nunca fue una ley, nunca fue aprobada en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Así que los votantes le dieron a Trump, mediante el Colegio Electoral, la facultad de emitir sus propias órdenes ejecutivas.

Lo sorprendente es que las cortes hayan sacado munición para mantener a DACA viva.