Charlotte.-  El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se sumó a otros funcionarios de Inmigración en criticar la eliminación del programa de deportaciones 287g en Carolina del Norte. El objetivo fue el alguacil del Condado de Mecklenburg.

El sheriff Garry McFadden no se quedó callado y dio una respuesta directa a Ken Cuccinelli.

 

Atacan a ciudadanos de Mecklenburg

“El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli  ha elegido unirse a otros líderes nacionales para atacarme a mí y a los ciudadanos del condado de Mecklenburg mientras visitaba nuestra ciudad”, consignó McFadden.

“La mayoría de los ciudadanos de nuestro condado entienden y están de acuerdo con la finalización del programa 287g”, agregó el sheriff.

Según McFadden los ciudadanos lo eligieron a la Oficina del Sheriff el año pasado por una abrumadora mayoría y su postura sobre asuntos de inmigración no ha cambiado.

“Espero con ansias el día en que todos los profesionales de la seguridad pública puedan sentarse a discutir temas de inmigración y verdaderamente trabajar para encontrar una solución a un tema muy amplio. Es lamentable que el gobierno federal prefiera usarme como un ‘peón’ mientras señala con el dedo y celebra conferencias de prensa sobre un sistema de inmigración ineficaz”, anotó el alguacil.

 

Por eliminar el 287g

Cuccinelli y otros funcionarios federales, incluido el vicepresidente Mike Pence, han criticado cada vez más a McFadden, quien finalizó la asociación con el gobierno federal del programa de deportaciones 287g el año pasado.

Otros alguaciles de Carolina del Norte también se han negado a retener a las personas en las cárceles a pedido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cuccinelli dijo que McFadden ha sido “el más agresivo” al no trabajar con ICE, durante una visita a Charlotte el miércoles 18 de septiembre.

“Literalmente está liberando violadores de niños y abusadores sexuales”, dijo Cucinelli.

 

Es discrecional

A lo que McFadden respondió “como exfiscal general, el director interino es consciente de que tengo la facultad discrecional de no cumplir un acuerdo voluntario, que no es una falta de cooperación con otra agencia de aplicación de la ley, para hacer cumplir la ley”, dijo el sheriff.

“No participar en 287g no es negarse a hacer cumplir la ley. Solo 4 de los 100 Sheriffs en Carolina del Norte participan en 287g, es un programa voluntario”, explicó McFadden.

 

Deben conseguir una orden de la corte

El alguacil del condado de Mecklenburg ha responsabilizado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de no realizar los procedimientos para mantener en custodia a los indocumentados, que requieren solicitar órdenes de arresto penal.

McFadden ha dicho que cooperar con ICE perjudica la relación de las fuerzas del orden locales con la comunidad de inmigrantes del área. Ha afirmado que no es su trabajo establecer una fianza o determinar cuándo se puede liberar a los sospechosos, que eso corresponde a los jueces y magistrados de las corres.

 

Cumplió su palabra

Tras la confirmación de su elección como sheriff en noviembre de 2018, McFadden honró su palabra de campaña con la comunidad hispana y canceló el programa de expulsión de indocumentados desde la cárcel local, donde agentes de la oficina del aguacil actuaban como agentes de Inmigración para procesar la deportación de individuos sin estatus migratorio.

La comunidad hispana celebró la eliminación del 287g, que originó la deportación de alrededor de 17 mil indocumentados, en su mayoría latinos, desde su implantación en Charlotte en febrero de 2006 por el exsheriff Jim Pendergraph.

Sin embargo, McFadden ha sido blanco constante de críticas e incluso de amenazas contra su vida, por haber suspendido la cooperación entre la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg (MCSO) e ICE.

 

Pocos criminales deportados

Durante el tiempo en que la oficina del sheriff proporcionó de forma trasparente las estadísticas de procesamiento de indocumentados, hasta agosto de 2012, solo 254 de los procesados para expulsión habían sido delincuentes peligrosos (aggravated felons), y 1,499 habían sido acusados de delitos mayores o felonías.

Un total de 10,090 habían sido acusados de delitos menores e infracciones, la gran mayoría.

Hasta agosto de 2012, un total de 20,807 individuos habían sido interrogados mediante el 287g, de los cuales 8,810 eran ciudadanos, residentes permanentes, asilados, refugiados o beneficiados por el estatus de protección temporal o TPS.

La cifra de procesados para deportación hasta agosto de 2012, había sido de 11,480.

Sin guarismos claros, el 297g, fue mantenido por los alguaciles Daniel “Chipp” Bailey e Irwin Carmichael.

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