Graham.– El gobierno federal evalúa asociarse con dos alguaciles de Carolina del Norte para implementar el programa 287(g) y revisar el estatus migratorio de toda persona que pise sus cárceles.

Las oficinas del los alguaciles en los condados Alamance y Nash forman parte de una lista de 25 agencias del orden en todo el país que solicitaron activar esta colaboración con los servicios de inmgiración, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC)

Esta organización nacional dedicada a defender  los derechos indivuales y derechos de las personas, teme que la aplicación del 287(g) pueda abusarse en el condado Alamance, por lo que envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional recordando los hechos ocurridos en el pasado y la demanda del Departamento de Justicia en contra del sheriff en este condado en el  2012.

“El condado de Alamance perdió su contrato 287 (g) por una razón. El alguacil Johnson tiene una historia bien documentada de elegir como blanco la comunidad latina en el condado de Alamance, desde ordenarle a sus oficiales locales que ‘me traigan a algunos Mexicanos’ hasta supervisar patrones atroces de discriminación racial,” dijo en un comunicado Irena Como, abogada de ACLU. 

Como afirmó que “ninguna agencia con una historia tan terrible de abusos contra los derechos civiles debería recibir fondos federales para arrestar, detener y posiblemente deportar a residentes”.

El programa 287 g operó en el condado Almances desde el 2007 hasta 2012.

Qué Pasa publicó en junio pasado un artículo sobre las intenciones del sheriff Johnson en traer de vuelta este programa a su cárcel.

El alguacil declaró entonces que esperaba recibir noticias con respecto a su solicitud de asociarse con el gobierno federal por medio de este programa.

Condado Nash también podría adoptar 287(g)

Actualmente en Carolina del Norte el programa 287(g) existe en las cárceles de los condados Cabarrus, Gaston, Henderson, Mecklenburg y Wake, estos últimos donde se encuentras las ciudades de Charlotte y Raleigh, respectivamente.

El sheriff del condado Nash, Keith Stone, dijo a Qué Pasa en una entrevista telefónica que recibió una invitación del gobierno para participar en el programa y aceptó, aunque todavía no está confirmado que implementará el programa en la cárcel.

“Nuestro enfoque son las drogas, pandillas y armas”, aseveró el sheriff Stone, al asegurar que no piensa actuar como agente de inmigración. “No tengo deseos de hacer eso (deportar personas)”.

Según explicó el alguacil, en Rocky Mount y sus alrededores hay mucho tráfico de droga y específicamente es el crimen que pretende frenar.

“Tenemos 33 homicidios sin resolver en Rocky Mount”, ejemplificó el sheriff Stone acerca de la violencia en su condado, además de señalar la incautación de una gran cantidad de heroína la semana pasada.

Sobre la población inmigrante en el condado Nash, dijo que hay una población considerable dedicados a la agricultura, pero no suelen meterse en problemas con la ley.

Por su parte Como, dijo a Qué Pasa que la ACLU también está opuesta a la aplicación del programa 287g en el condado Nash.

“No tenemos detalles de cómo lo van a implementar en el condado Nash, pero definitivamente estamos en contra”, dijo la abogada .

“Programas como el 287g borran la línea entre la policía local y federal y pueden resultar en abusos. El efecto que tienen es que intimidan a los inmigrantes para que no busquen ayuda  cuandoson víctimas de crímines y loshacen más vulnerables”