Raleigh.- Una docena de activistas pro inmigrantes irrumpieron la semana pasada en una reunión pública sobre el programa de deportación 287g para reclamar que se termine dicha asociación entre el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y las agencias del orden en Carolina del Norte.

Los manifestantes, entre los que se encontraban cuatro de los activistas detenidos en noviembre frente a la Mansión del Gobernador por protestar contra la ley antiinmigrante HB318, se pusieron de pie y abandonaron la sala donde se realizaba la reunión gritando en inglés “ICE fuera de Carolina del Norte”, la misma inscripción que llevaban en sus camisetas.

“El 287g no ha funcionado desde el primer día. Ahora una ley abiertamente racista como la HB318, hace indefendible la presencia de ICE en las cárceles locales” declaró Gregorio Morales, quien leyó una proclamación contra el programa de deportación momentos antes de que los activistas abandonaran la sala.

“Si no podemos poner límites razonables a la extralimitación inconstitucional de ICE, no puede haber presencia de ICE en las cárceles locales”, declaró por su parte Griselda Alonso, quien también participó en la manifestación.

La protesta se dio luego que el gerente del programa 287g en Carolina del Norte, Edgar Vásquez, culminara su presentación sobre los resultados obtenidos en Wake, donde ICE opera desde 2008 mediante una asociación con la oficina del alguacil del condado para identificar y deportar a los indocumentados.

294 deportados en 2015
Vásquez informó que este año 294 inmigrantes indocumentados acusados de crimes agravados han sido deportados a través del programa en Wake, cifra que representa un poco más del 12 por ciento del total de 2,265 individuos procesados.

Además, bajo las nuevas prioridades de deportación establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional en noviembre del año pasado, Vásquez dijo que la mayoría de los deportados, 134 o el 24.36 por ciento del total, cayeron dentro de la prioridad 2.

Es decir, fueron inmigrantes convictos por tres o más delitos menores,  o por un delito menor significativo como violencia doméstica o manejar bajo los efectos del alcohol (DWI).

Dicha categoría incluye también a los inmigrantes que llegaron o reingresaron al país después del 1 de enero de 2014.

Del total de deportados, 109 o el 18 por ciento, fueron convictos por felonías graves o pandillaje, delitos que caen en la prioridad 1.

Las cifras motivaron cuestionamientos de parte de los pocos miembros de la comunidad que se quedaron en la reunión tras la salida de los manifestantes.

Diálogo abierto
Tim Eakins, miembro de la red de “soñadores” United We Dream, cuestionó la eficacia del programa 287g al mencionar que muchos inmigrantes, padres de familia trabajadores, han sido deportados por delitos menores sin que ellos representen una amenaza para la comunidad.

Robert Alfieri, director del programa 287g con sede en Atlanta, respondió que el programa si bien no es perfecto, es efectivo.

“Sin lugar a dudas es el programa más efectivo que hemos tenido, hemos sacado a mucha gente peligrosa”, dijo Alfieri.

Eakins insistió en que el programa 287g ha separado familias y que sólo ha contribuido a crear miedo en la comunidad inmigrante que ahora asocia a la policía local con ICE.

La discusión forzó la participación del alguacil de Wake, Donnie Harrison quien igualmente defendió la validez del programa.

“El programa funciona, créanme, pienso que la gente, incluida la comunidad hispana se siente más segura”, dijo Harrison.

Sin embargo, ante la insistencia de Eakins respecto a la desconfianza y miedo que el programa genera entre la comunidad indocumentada, Harrison dijo que para él también sería mejor que todos pudieran obtener licencias de conducir.

“A mi me gustaría que el sistema sea mejor. Me gustaría que hubiera una manera en que las personas buenas pudieran obtener licencias de conducir, puedan quedarse aquí y trabajar. Eso haría mi vida un 100 por ciento mejor”, dijo el alguacil.

Eakins destacó la oportunidad de dialogar con las autoridades del programa 287g y que ellos reconocieran sus vacíos.

“Algo importante a reconocer es que ambos, el sheriff como el oficial de ICE, admitieron que el programa no es perfecto”, dijo Eakins.

“También tienen que reconocer que la verdadera colaboración tiene que ser entre la policia y la comunidad, no entre la policía y ICE”, añadió. 

El alguacil Donnie Harrison y el director de campo de ICE, Robert Alfieri, dialogaron abiertamente.

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