QUITO (AP) — Quito cumple el sábado décimo tercer día de un paro indígena en medio de la convocatoria de su principal líder, Leonidas Iza, a “sostener la lucha” y el llamado de organismos internacionales a un diálogo urgente, mientras la Asamblea Nacional conocerá un pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso.
En una relativa calma, miembros de la policía despejaron los escombros en las inmediaciones del Parque El Arbolito, en el centro norte de la capital, donde la víspera un contingente de la fuerza pública desalojó el hemiciclo de la Casa de la Cultura, que congregaba a centenares de manifestantes en una asamblea popular. En declaraciones a radio Vigía, el general de la policía Freddy Sarzosa aseguró que se busca prevenir que “grupos aislados de manifestantes quieran reagruparse”. En tanto, una marcha de mujeres indígenas, al grito de “fuera Lasso, fuera”, se desplazaba por una amplia avenida de la capital.
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La Confederación de Campesinos Indígenas y Negros del Ecuador (FENOCIN) llamó en una rueda de prensa desde los predios de la Universidad Central a “seguir en el paro” y rechazó acciones violentas en contra de las bases que están protestando. Mientras tanto, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) condenó n declaraciones a la prensa el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso del uso progresivo de la fuerza y exigió el cumplimiento de las demandas sociales, como la reducción del precio del combustible, dijo José Villavicencio, dirigente sindical, al tiempo que anunció que continuarán con las movilizaciones.
En declaraciones para el canal Teleamazonas, ell ministro de Gobierno, Francisco Jiménez afirmó que “algunas personas han decidido regresar a sus comunidades” y garantizó que el régimen está comprometido con sus causas. Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, manifestó la víspera que “no nos iremos a ningún lado” y llamó a las bases a reorganizarse de manera “pacífica” en los centros universitarios que los acoge.
Iza respondió así al anuncio del presidente Lasso, que les pidió a los manifestantes regresar a sus provincias por su seguridad, al tiempo que lo acusó de haber buscado perpetrar un “golpe de estado”, lo cual fue negado por el dirigente. El mandatario advirtió que los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas actuarían “mediante el uso progresivo de la fuerza” para defender el orden público y la democracia. Tanto Iza como Lasso pidieron la vigilancia de organismos internacionales.
La Organización de las Naciones instó en un comunicado a todos los actores políticos y sociales de Ecuador a “iniciar de forma urgente un diálogo significativo y de buena fe”, que de salida a la tensión y ponga fin a la violencia. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió mediante un comunicado un diálogo inclusivo “atendiendo las demandas de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
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La organización civil Alianza por los derechos humanos, en rueda de prensa, informó el sábado que el grupo de la misión solidaria internacional y de derechos humanos de Argentina participará en una observación in situ al tiempo que rechazaron una “profundización de la represión” a partir del estado de excepción y un “ataque a las zonas de paz”, donde se alojan los manifestantes, dijo Marianela Navarro, activista. Añadió que su función será visibilizar a nivel internacional “la grave situación que vive el pueblo ecuatoriano” para exigir “se garantice el derecho a la vida, la libre protesta y todos los derechos sociales”.
La Policía Nacional ha reconocido cuatro fallecidos y centenares de heridos tanto de manifestantes como policías y militares.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en un video difundido por redes sociales, llamó al presidente Lasso y a la CONAIE a participar el sábado en un diálogo “inmediato” con la presencia de la iglesia y representantes de las distintas funciones del estado, a fin de “darle una solución al Ecuador”. Esto luego que en horas de la noche llamó a una sesión que debatirá exclusivamente el pedido del bloque de oposición Unión por la esperanza (Unes), afín al ex mandatario Rafael Correa, para la aplicación del artículo 130 de la constitución que prevé la destitución presidencial por “grave crisis política y conmoción interna”.
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El procedimiento legislativo establece un llamado al mandatario para que ejerza su derecho a la defensa. Se requieren 92 votos para aprobar la destitución presidencial. La pretensión opositora que cuenta con 47 asambleístas estaría cuesta arriba toda vez que grandes bloques legislativos, como el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Acuerdo Nacional y el partido de gobierno, CREO, expresaron su rechazo a la iniciativa.
Lasso, un ex banquero de derecha, lleva poco más de un año en el poder, tras derrotar al candidato del correísmo Andrés Arauz en 2021.