Gran polémica ha desatado el vertiginoso avance del proyecto de ley HB755 bajo la cúpula del actual Capitolio de la Asamblea General de Carolina del Norte.

La Carta de Derechos de los padres para dirigir la crianza, educación, atención sanitaria y salud mental de los hijos menores se ha convertido en la papa caliente de la batalla de ideas en la sesión corta de la Legislatura Estatal.

El primer borrador del proyecto de ley fue presentado el 29 de abril de 2021, y en ese año se registraron 14 acciones que favorecieron que la propuesta progresara en la Cámara de Representantes, donde pasó la segunda lectura con 66 votos a favor y 50 en contra, alineados por partido.

Los republicanos sufragaron a favor la legislación y los demócratas la repudiaron.

En 2021, la propuesta fue remitida al Senado, donde logró adelantarse hasta la primera lectura.

El martes 24 de mayo de 2022, el Senado retomó el proyecto y en apenas tres días progresó en siete acciones.

Los republicanos del Senado  han sostenido que ayudaría a los padres a mantenerse informados sobre lo que se les enseña a sus hijos.

Los demócratas y las organizaciones relacionadas con la comunidad LGBTQ ven en la propuesta el fantasma de la ley de los baños, que impulsó el actual congresista federal de Charlotte, Dan Bishop y que convirtió en ley el exgobernador Pat McCrory en marzo de 2016.

La HB 2 le costó al estado al menos 2.6 billones de dólares en pérdidas en el primer año de su aplicación y un análisis de agencia Prensa Asociada (AP) que proyectó que el impacto económico tendría una merma de 3.76 billones de dólares en 12 años.  

La economía norcarolina experimentó inmediatamente de la promulgación de la ley el retiro de decenas de convenciones, eventos deportivos, conciertos, producciones cinematográficas, debido al rechazo a la legislación en el ámbito nacional, que fue interpretada por su opositores como discriminatoria contra los homosexuales masculinos, femeninos y personas con una identidad de género diferente.

Ahora, la HB 755 está siendo apodada como la ley “No digas gay”, asociándola con una legislación aprobada recientemente en Florida.

La Carta de Derechos de los Padres prohibiría que los planes de estudios de las escuelas públicas desde el jardín infantil  hasta el tercer grado de elemental contengan instrucción sobre la orientación sexual y la identidad de género.

Las juntas de educación locales estarían obligadas a adoptar procedimientos para notificar a los padres cuando el personal de las escuelas notan cambios en la salud mental, emocional o física o el bienestar de los niños.

Los padres tendrían que ser informados que tienen la facultad de revisar los libros de texto y los materiales de instrucción.

Los padres que se opongan a los planes de estudios desde el kínder hasta tercero de primaria o que no se sienten debidamente notificados sobre la salud física y mental de sus hijos podrían buscar la intervención de la Junta Estatal de Educación de Carolina del Norte (NC-DPI). También podrían acudir a la cortes para solicitar órdenes judiciales.

El gobernador demócrata Roy Cooper se pronunció contra la HB 755.

Si el proyecto se convierte en ley, los maestros podrían enfrentar demandas judiciales si violan las disposiciones.

Igualmente, prohibiría a los proveedores de atención sanitara prestar atención médica, y servicios de salud mental, a los menores sin el consentimiento de los padres, excepto en caso de emergencia.

Quienes no cumplan con las normativas podrían ser multados con 5 mil dólares.

“Es otra estratagema política republicana como el proyecto de ley de los baños que perjudicó a nuestra gente y nos costó puestos de trabajo, así que mantengamos las guerras culturales fuera de las aulas de Carolina del Norte”, consignó Cooper.

El proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Salud del Senado el jueves y sería posteriormente tratado por el Comité de Normas de la Cámara Alta de la Legislatura.

El dilema de los legisladores estatales está en fortalecer la injerencia de los progenitores o respaldar los argumentos de la comunidad LGBTQ contra la discriminación. También están para sopesar las consecuencias económicas de cualquier determinación.

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