La jugada de ajedrez de los republicanos de la Legislatura estatal con el aprobado proyecto de ley SB 101 les salió bien como técnica de propaganda para causar terror, pero al final de la partida no habrá jaque mate al rey.
“Vean el titular en relación con el requisito de trabajar con el ICE. ¿Significa esto que el sheriff (Garry) McFadden tendría que cooperar con el 287g?”, preguntó por correo electrónico una angustiada activista afroamericana.
“Noticias descorazonadoras después de tanto progreso contra la 287g. Todavía tiene que llegar a nuestro gobernador y él puede rechazar el proyecto de ley, es lo que he oído en NPR”, fue lo que manifestó una trabajadora comunitaria latina.
“Los que están trabajando con toda su fuerza para revocar nuestras libertades y revocar las protecciones y los derechos humanos básicos de los más frágiles de la sociedad son una masa organizada y ruidosa. Tenemos que hacer más”, apuntó otra voz preocupada.
Tuve que explicarles que la SB 101 no iría a ninguna parte porque será vetada por el gobernador demócrata Roy Cooper, cuando aterrice en su escritorio.
Ya pasó eso con la ley gemela HB 370, en el verano de 2019, cuando Cooper la enterró con el epitafio de “un proyecto para ganar puntos políticos partidistas”.
Arguyendo el mito del crimen causado por los indocumentados, los legisladores antiinmigrantes pretenden obligar a los alguaciles a cooperar incondicionalmente con la agencia federal de deportaciones ICE para expulsar inmigrantes.
El febrero de 2015, de los casi 14 mil deportados desde la cárcel de Charlotte, 99 por ciento habían sido hispanos, pero menos de 400 verdaderos criminales, “aggravated felons”.
De acuerdo a las estadísticas de ese tiempo, un total de 25,224 individuos habían sido procesados por el programa, de los cuales 13,525 fueron tramitados para deportación.
Un total de 11,799 ciudadanos naturalizados, residentes permanentes, beneficiados por el estatus de protección temporal (TPS), asilados, refugiados, portadores de visas de no inmigrantes fueron procesados por el 287g, pero no fueron deportados.
Los expulsados fueron 8,795 mexicanos; 4,291 centroamericanos; 323 sudamericanos; 42 caribeños; y 3 españoles.
El total de hispanos deportados fue de 13,454, de 20 países. Y el total de no latinos 71, de 57 países.
Las cifras desbaratan cualquier invención canalla que los indocumentados son una horda de criminales. Y los datos demuestran que el 287g no solo perjudicó a los expulsados, sino también humilló a los inmigrantes con estatus migratorio.
Pero, la fracasada HB 370 y la condenada a la ejecución SB 101, surgieron de una rabieta de la bancada republicana en la Legislatura, porque los ciudadanos de las cinco urbes más pobladas del estado y la más importante del oeste eligieron a alguaciles afroamericanos y demócratas en noviembre de 2018.
Los sheriffs de los condados donde se ubican Charlotte, Raleigh, Greensboro, Winston-Salem, Durham y Asheville, determinaron no colaborar incondicionalmente con ICE en la entrega y procesamiento de inmigrantes indocumentados para su deportación.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC), la Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC) y otras organizaciones proinmigrantes han iniciado una campaña para urgir al gobernador Cooper a que vete la SB 101.
En Charlotte, la directora ejecutiva de la Cámara Latinoamericana de Comercio, Gris Bailey está promoviendo el reclamo entre el empresariado y el liderazgo hispano.
Las fichas se están colocando para que la SB 101, después de una semana de resurrección, desaparezca de la faz de Carolina del Norte.