La activista mexicana Teresa Peña cuenta que el viernes 15 de junio de 2012 viajó a Los Ángeles y desde su llegada al Aeropuerto Internacional Tom Bradley percibió un ambiente de efervescencia inusitado.

“En general en rostros de los latinos había una expresión de felicidad”, recuerda Peña, que en ese tiempo trabajaba como coordinadora de alcance comunitario para padres con necesidades especiales en Carolina del Norte.

La respuesta que halló para la sensación de euforia de los hispanos en ese día se había derivado en el anuncio de la Administración del expresidente Barack Obama de establecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido por la emblemática sigla de DACA.

La acción ejecutiva de Obama significaba la suspensión de la deportación eventual de millares de latinos indocumentados afincados en el país que habían sido traídos a Estados Unidos siendo niños por sus padres y no tenían ninguna protección ante las leyes migratorias.

Yo me enteré por la mañana del anuncio en Washington de la medida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, durante mi revisión diaria de las noticias que impactan a los latinos afincados en el país.

En la tarde recuerdo haber visto por televisión al expresidente Obama refiriéndose a la buena nueva para los muchachos y muchachas y sus familias en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

“Son jóvenes que estudian en nuestras escuelas, juegan en nuestros barrios, son amigos de nuestros hijos, juran lealtad a nuestra bandera. Son estadounidenses en su corazón, en su mente, en todos los sentidos menos en uno: en el papel”, dijo Obama.

Dos meses después, el 15 de agosto, el DHS comenzó a recibir las aplicaciones de los solicitantes de DACA y los peticionarios aprobados recibieron sus seguros sociales y sus permisos de trabajo.

La primera discreción procesal aplicada por Obama fue un éxito que llegó a cubrir a cerca de 750 mil individuos que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de 10 años.

La quimera de los soñadores, dejó de ser una ilusión, para convertirse en realidad. Todo marchaba bien, pero en el camino los soñadores y un grupo grande de potenciales “dreamers” estaría plagado de espinas y abrojos.

En noviembre de 2014, Obama anunció su intención de ampliar DACA y el programa de DAPA que habría cobijado a 3.7 millones de padres con hijos nacidos en Estados Unidos, habría suspendido su deportación, y les habría entregado seguro social y permisos de trabajo.

Inmediatamente, 25 estados gobernados por republicanos interpusieron una demanda para impedir la ampliación.

La iniciativa de expansión fue bloqueada el 23 de junio de 2016 en la Corte Suprema en Washington, que votó 4 a 4 en el caso, lo que significó una derrota para el gobierno de Obama.

En una decisión claramente antiinmigrante, mediante un memorando en septiembre de 2017, el expresidente Donald Trump puso final a DACA, desatando batallas interminables en las cortes del país.

El 20 de enero de 2021, al asumir la presidencia, el actual mandatario Joe Biden emitió una orden ejecutiva que restableció DACA, pero el 16 de julio su normativa fue retada en las cortes.

El drama para los soñadores de DACA no termina, pese a que su aporte anual a la economía país sea más que billonario.

  • 6.2 billones dólares en impuestos federales.
  • 3.3 billones de dólares en impuestos estatales y locales.
  • 25.3 billones de dólares en capacidad adquisitiva.

La lucha por legalizar permanentemente a los soñadores mediante una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente en la Oficina Oval ha estado marcada por el fracaso.

La legislación original de la ley del Acta de los Sueños fue introducida en 2001 por el senador Dick Durbin y el excongresista Luis Gutiérrez, ambos de Illinois.

Durante dos décadas, al menos 11 versiones del Acta de los Sueños se han presentado en el Capitolio, sin éxito. Una pesadilla sin fin.

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