El comunicado conjunto oficial del encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, evidencia que el tema migratorio es imposible de obviar en las relaciones de los dos países.

En el texto, divulgado simultáneamente por la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana y la Embajada y los consulados estadounidenses en México, se menciona el incidente del pasado 27 de junio, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio con el hallazgo de 48 personas sin vida y otras 16 moribundas en dentro de la caja de un camión.

El saldo final de fatalidades en el caso alcanzó 53 muertos, convirtiéndose en el suceso más mortífero de esa índole en la historia del contrabando de indocumentados en Estados Unidos.

El acontecimiento reiteró en los cuerpos inertes de las víctimas, las nacionalidades que los coyotes mueven en el éxodo  masivo ilegal que está llegando a territorio estadounidense.

Entre los fallecidos hubo, 27 de México, 14  de Honduras, 7 de Guatemala y 2 de El Salvador.

La comunicación binacional consignó:

“Las trágicas muertes de migrantes a manos de traficantes de personas en San Antonio fortalecieron aún más nuestra determinación de ir tras la multimillonaria industria criminal de contrabando que se aprovecha de los migrantes y aumentar nuestros esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración”.

“La Fiscalía General de la República de México y los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de Estados Unidos se han coordinado para arrestar y enjuiciar a aquellos que ponen en peligro las vidas de los migrantes vulnerables, incluyendo mediante el trabajo del Grupo de Trabajo Conjunto Alpha y sus socios mexicanos”.

El documento también reconoce los problemas económicos y el desarrollo de los países como factores para la ocurrencia de las oleadas migratorias. Incluso se refiere al reciente encuentro interamericano realizado a principios de junio, del que López Obrador se ausentó.

El texto del comunicado dice: 

“Sobre la base de los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas por veintiún países del hemisferio, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, estamos tomando medidas inmediatas y coordinadas para gestionar los flujos sin precedentes de migrantes que llegan a nuestros países”.

“Hemos unido esfuerzos para abordar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes de la migración y, reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas de migración, aceleraremos y ampliaremos los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas”.

“Reafirmamos nuestro compromiso por mejorar las condiciones económicas y sociales en toda la región, creando oportunidades de trabajo digno como alternativas viables para los potenciales migrantes, y ayudando a abordar las causas profundas de la migración en las Américas”.

La declaración conjunta advierte que los dos países actuarán con firmeza para proteger sus fronteras:

“Mantendremos fuertes políticas de control fronterizo mientras garantizamos la plena protección de los derechos humanos”.

El comunicado devela que los dos países son conscientes de que ocurren abusos de los que los migrantes son objeto:

“México y Estados Unidos reafirmamos nuestro compromiso de lanzar un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral y protección de los trabajadores. Trabajaremos para promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para trabajadores migrantes que buscan acceder a vías regulares de migración”.

El  flujo migratorio de menores de edad fue incluido en el texto:

“México y Estados Unidos también convocarán un grupo de trabajo para fortalecer nuestra respuesta transfronteriza a la migración infantil, un fenómeno que ha tenido un impacto significativo en ambos países y pone a la juventud en un peligro innecesario”. Las buenas intenciones y promesas presentadas en la declaración conjunta se estrellan con la realidad de la lejanía de una reforma migratoria integral para los indocumentados radicados en Estados Unidos. Y con la inhabilidad de los dos países para sellar sus fronteras.

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