En un veredicto en contracorriente con la historia y la perspectiva que hay en el país actualmente contra las armas, la Corte Suprema de Justicia, decidió fallar a favor de la Asociación del Rifle y las Pistolas del Estado de Nueva York (NYSRPA) en un pleito con el estado neoyorkino, porque la entidad había legislado para regularizar el porte oculto de artefactos mortíferos en espacios públicos.
Nueva York tenía una ley vigente desde 1911, hace 111 años, que había requerido durante un siglo y más de una década que los neoyorquinos tramitaran licencias para portar armas pequeñas de fuego ocultas.
La normativa centenaria exigía que los dueños justificaran el porte de las pistolas de esa forma.
Una demanda fue instaurada en contra de la legislación en el nombre de Kevin Bruen, superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, que trataba de proteger del peligro de las armas a los 20 millones de neoyorkinos.
Después de varias instancias, la querella llegó a nuestra moderna y díscola Corte Suprema, legada por el expresidente Donald Trump, que optó ignorar la seguidilla constante de matanzas y ponerse del lado de los amantes de los aparatos para asesinar.
La mayoría de 6 magistrados conservadores, frente a los 3 liberales, dictaminó que regular el porte de armas ocultas viola el derecho de la Segunda Enmienda a “tener y portar armas”.
La sentencia del máximo tribunal se oficializó en Washington DC, el jueves 23 de junio, casi exactamente un mes después de la masacre de 19 niños y dos maestras en la Escuela Elemental Robb, el martes 24 de mayo, en el poblado texano Uvalde.
Las familias hispanas víctimas de la matanza masiva todavía no habían terminado de secar sus lágrimas y aliviar su luto de los recientes funerales de sus criaturas, cuando los magistrados de la Corte Suprema asentaron otra una nueva tribulación a sus penas.
Su dictamen fue un irrespeto con los parientes de las 30 mil personas que mueren al año en el país por culpa de los fabricantes de rifles de asalto y todo tipo de pistolas.
Es una vergüenza que la Corte Suprema no defienda a las víctimas y ofrende derechos a organizaciones del mismo corte de la tenebrosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Constantemente corre sangre en todos los puntos geográficos del país por el porte y uso de armas de fuego, y el mensaje que el tribunal supremo envía es desconocer un tiempo de violencia más grave que el de la época del salvaje lejano oeste, cuando los duelos entre vaqueros estuvieron a la orden del día.
Ley Judicial de 1789, creó la Corte Suprema de Justicia, hace 233 años, en un tiempo en que las armas eran arcabuces de perdigones y no fusiles de nuestros tiempos que emiten más de cien proyectiles por minuto.
La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue ratificada en 1791, hace 231 años cuando el país era rural y la caza era normal para alimentarse de carne de venados y los caminantes se tenían proteger de las serpientes.
“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”, dice la segunda enmienda, en un texto de hace dos siglos, cuando ninguno de sus redactores o los magistrados de la Corte Suprema tuvieron en sus manos un AK-47, ni trinaron un Twitter.
El mundo cambió y los jueces tercos de la Corte Suprema deberían tener la sensatez de reconocer que favorecer la tenencia y el porte de armas los convierte en cómplices de la barbarie en que vivimos.
Hasta el poder legislativo ha mostrado más lucidez que los jueces del tribunal supremo.
El jueves 23 de junio, el Senado votó por 65 votos a favor y 33 en contra para aprobar un proyecto de ley bipartidista de control de armas, la legislación más importante sobre los artefactos en casi 30 años.
Qué contraste.