La demanda del gobierno mexicano contra una docena de empresas fabricantes de armas de Estados Unidos que alega que el comercio ilícito de los artefactos ha conducido a una violencia desenfrenada en el país vecino, con millares de víctimas, ha encontrado amigos en territorio estadounidense.

Una coalición de organizaciones estadounidenses de prevención de la violencia con armas de fuego, integrada por Everytown for Gun Safety, Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, Global Exchange, March for Our Lives, Newtown Action Alliance y Violence Policy Center, se asociaron legalmente a la querella contra los productores y distribuidores de las armas de fuego, mediante un amicus curiae brief, o de amigo de la Corte, a favor de la demanda.

Y es que el reclamo del gobierno mexicano tiene un formidable argumento que se cae de la mata. Esas armas que cruzan ilegalmente hacia México, incluyendo fusiles y rifles de asalto militar, regresan a Estados Unidos para ser usadas en las matanzas que ocurren casi a diario.

Cada Pueblo para la Seguridad de las Armas, el Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia de las Armas, el Intercambio Global, la Marcha por Nuestras Vidas, la Alianza de Acción Newton y el Centro de Política de la Violencia entienden que las tragedias constantes ocasionadas por las armas de fuego se han vuelto insostenibles.

“Como estadounidenses, debemos tener el valor de defender el principio de que todas las personas tienen derechos inalienables. Como defensores de la lucha contra la violencia de las armas, debemos reconocer que las prácticas irresponsables que la industria de las armas ha llevado a cabo para llenarse los bolsillos se han pagado con sangre tanto al norte como al sur del Río Grande”, consignó uno de los abogados de las seis organizaciones involucradas en contra de los fabricantes de armas.

En la demanda, por la que el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara vino a Carolina del Norte a promover, se calcula que se trafican hasta 597.000 armas a México anualmente, de las cuales se estima que el 68 por ciento son fabricadas por los demandados.

Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (USGAO) registró que la oficina federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) encontró que el 70  por ciento de las armas de fuego recuperadas en México entre 2014 y 2018 provenían de Estados Unidos.

Las empresas, según México, obtienen beneficios diseñando y comercializando armas de asalto de tipo militar para atraer a los delincuentes.

Como amigos de la Corte a favor de la demanda también se pronunciaron los fiscales del Distrito de Columbia y los estados de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón.

Abogados de países caribeños de Antigua y Barbuda y Belice, argumentaron su escrito en pro de la demanda que el tráfico ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos perjudica a la población de toda América Latina y el Caribe.

Los demandados alegan que Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 (PLCAA), que fue impulsada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), los hace inmunes a demandas por los daños que causan con las matanzas colectiva y los asesinatos individuales.

Estas son las estadísticas de asesinatos con armas de fuego en Japón entre 2003 y 2016, un total de 57 en 14 años: 2003: 6, 2004: 7, 2005: 4, 2006: 1, 2007: 9, 2008: 5, 2009: 1, 2010: 5, 2011: 6, 2012: 3, 2013: 5,2014: 2, 2015: 2, 2016: 1.

Japón con 130 millones de habitantes tiene una población equivalente a la de México.

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