Me preocupa el desconocimiento que hay entre algunos integrantes de la comunidad hispana charlotense sobre la tragedia que significó para los inmigrantes indocumentados la implantación del programa de deportaciones 287g en la cárcel operada por la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg (MCSO).

Hay quienes repiten la falacia que argumentaron los alguaciles Jim Pendergraph, Daniel “Chip” Bailey e Irwin Carmichael: “el 287g limpió de criminales a Charlotte”

Nada más alejado de la realidad que ese paradigma, que esa noticia falsa repetida por funcionarios prominentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), políticos republicanos y exfuncionarios de la administración del expresidente Donald Trump que el 287g fue beneficioso para la población general del condado de Mecklenburg.

Las cifras condenan a los verdugos de ICE, a los alguaciles deportadores, y a sus áulicos, que se convirtieron en coparticipes del aquelarre en contra de los 40 mil inermes indocumentados afincados en la Ciudad Reina, entre febrero de 2006 y diciembre de 2018.

El 287g nació como un acápite de la infausta ley de inmigración de 1996.

Su objetivo era identificar a indocumentados que habían cometidos crímenes violentos como asesinatos, ofensas sexuales, tráfico humano, actividades de pandillas, narcotráfico y lavado de dinero, mediante acuerdos de cooperación entre la agencia federal de deportaciones y entidades estatales y locales de aplicación de la ley.

Pero en Charlotte, el 287g sirvió como una inmensa red para pescar a los inmigrantes irregulares y meterlos en una centrifuga para expulsarlos del país sin ninguna consideración.

El 287g atemorizó, aterró, horrorizó, acongojó a los humildes obreros latinos y a su familias, que todos los días imploraban a Dios, para que ninguno de sus seres queridos cayera arrestado y fuese llevado a la cárcel de Mecklenburg, porque significaba la deportación del país.

La separación de familias estuvo a la orden del día.

Desde el inicio de las deportaciones por el 287g, en la primavera de 2006 hasta el verano de 2012, cuando la oficina del alguacil posó de honesta y ofreció reportes diarios de las detenciones y los procesos de deportación, un total de 11,480, inmigrantes fueron expulsados del país.

Los “aggravated felons”, encontrados por el 287g, es decir verdaderos criminales, condenados por delitos graves o felonías, fueron únicamente 254, en ese periodo.

Sin embargo, ICE y la Oficina del Sheriff, coludieron para la expulsión de miles de personas que no tuvieron la oportunidad de un día en corte, y un juez no dictaminó un veredicto de inocencia o culpabilidad en sus casos.

Los acusados por delitos graves que halló el 287g fueron 1,499. En contraste, los culpados por delitos menores fueron 10,090, una proporción más de seis veces mayor.

Un total de 20,807 individuos pasaron por el 287g, de los cuales hubo 8,810 tenían estatus migratorio legal, ya bien con la calidad de ciudadanos, residentes, refugiados o asilados.

El proceso de selección de los entrevistados por los agentes del sheriff, se parecía mucho a la clasificación racial que se hizo en los nefastos regímenes totalitarios en el siglo 20.

Los capturados nacidos en un país foráneo eran separados y reseñados mediante programas de tecnología de punta, de Identificación Biométrica y dactilar.

Tras la reseña de un individuo, la pantalla de un monitor se ocupaba en instantes con su rostro, la información del estatus migratorio  y sus antecedentes.

Inmediatamente, los agentes del alguacil entrenados por ICE iniciaban el procesamiento de deportación del indocumentado.

En marzo de 2014 cuando le solicité a la portavoz del sheriff, Julia Rush, el informe de los procesados por el 287g, la funcionaria me respondió: “ICE ha restringido la información que puedo proporcionar”.

De ahí en adelante, hasta 2018, durante cuatro años, los representantes de la agencia de deportaciones no fueron transparentes con los datos. Pero de las cifras dadas en las agitadas reuniones “comunitarias” anuales se puede concluir que los expulsados de Mecklenburg fueron cerca de 17 mil.

La horrible noche cesó el 5 de diciembre de 2018, cuando el alguacil Garry McFadden, canceló el 287g en el condado de Mecklenburg.

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