Río de Janeiro, 14 feb (EFE).- Mes y medio después de haber terminado la intervención en Río de Janeiro, medida que puso en manos del Ejército la seguridad pública del estado más emblemático de Brasil, su efectividad es puesta en duda, es señalada como «un gran fracaso» y enfrenta fuertes críticas por su gestión financiera.

La intervención, implementada hace un año por el entonces presidente Michel Temer para enfrentar la ola de inseguridad que se desató en Río desde los Juegos Olímpicos de 2016, duró cerca de 10 meses y tuvo punto final el pasado 31 de diciembre.

Desde sus inicios, la medida fue duramente criticada por hechos como el incremento de las muertes en acciones policiales, el aumento de los tiroteos y la mala gestión del millonario presupuesto que el Gobierno asignó para su implementación.

Mientras que el general Walter Braga Netto, quien estuvo al frente de la intervención en Río, aseguró en diciembre que la misión «se cumplió», organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil refutan esa afirmación.

Según el general, se alcanzaron los objetivos de recuperar la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública, bajar los índices de criminalidad y devolver la sensación de seguridad a la población.

No opina lo mismo Silvia Ramos, coordinadora general de la ONG Observatorio de la Intervención, para quien la medida «fue un gran fracaso» y no llegó a las favelas y comunidades mas pobres donde la violencia es un flagelo desde hace años.

«Brasil enfrentará otras crisis de violencia y criminalidad en los próximos años y la experiencia de Río de Janeiro reveló que la intervención federal de carácter militar no debe ser copiada. La medida no resolvió problemas estructurales y acentuó el carácter bélico y letal de las respuestas en el área de seguridad», explicó a Efe.

De acuerdo con el informe final del Observatorio de la Intervención divulgado este jueves, durante los 10 meses que se implementó la medida en Río, 1.375 personas murieron por acciones policiales, un 33,6 % más con relación al mismo período de 2017.

De ellas, 444 perdieron la vida a manos de las autoridades solo en noviembre pasado, una cifra récord para ese mes.

Durante la intervención, se realizaron 711 operaciones comandadas por el Ejército y el número de tiroteos en Río creció un 56,6 %, según el balance de esta ONG, que monitoreó desde su inicio la gestión de la medida.

Cifras oficiales del Gobierno regional señalan que anualmente en Río de Janeiro más de 6.000 personas mueren violentamente, ya sea por homicidios, latrocinios, por la intervención de agentes del Estado o por lesiones corporales que terminan en deceso.

Entre el 14 de febrero y el 31 de diciembre de 2017 murieron 6.146 personas por alguno de estos actos, mientras que durante el mismo período de 2018 fueron 6.041 los muertos por hechos violentos.

«Una reducción mínima y de tan solo un 1,7 % en comparación con 2017», según Ramos, quien calificó a la cifra como «muy negativa y reflejo de una estrategia que quiso aplicar prácticas de guerra para recuperar la seguridad pública».

Para la investigadora, ese resultado no responde a las expectativas que había anunciado el Gobierno y menos con el presupuesto de 1.200 millones de reales (unos 324 millones de dólares), que le fue asignado.

De ese monto, solo un 10 % fue «efectivamente pagado y liquidado», según Ramos, quien agregó que la falta de planificación para la ejecución presupuestaria fue «evidente».

De los recursos otorgados fueron pagados 121 millones de reales, mientras que el resto entró en la bolsa de «cuentas por pagar» de 2019, por ser recursos utilizados en procesos licitatorios que se definieron a último momento.

Según el balance, en noviembre del año pasado -a tan solo un mes de finalizar la intervención- solo se había ejecutado el 39 % de los 1.200 millones de reales y para el 31 de diciembre, a última hora, se consiguió llegar al 97 %.

Por eso para Ramos, la medida «fue un intento caro e inocuo de cambiar un contexto complejo usando tácticas antiguas en lugar de reformas estructurales».