Montevideo, 31 oct (EFE).- El Gobierno uruguayo puso hoy como fecha límite para la retirada de forma permanente del pago con dinero en efectivo en las gasolineras del país el 1 de mayo de 2017, con el objetivo de mejorar los índices de seguridad e inclusión financiera.

Con esta medida, anunciada hoy en el Consejo de Ministros por el titular de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, se pretende culminar un proceso iniciado el pasado mes de mayo, que determinó unos plazos para la eliminación gradual el dinero en efectivo de las estaciones de servicio del país durante todo el día.

Para Astori, con este acuerdo se dispone de «un mayor plazo» para «superar algunas dificultades que se han experimentado» desde que se comenzó a aplicar la medida.

Desde el pasado mes de mayo las gasolineras de los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones cobran todos sus servicios de expendio de nafta (combustible) entre las 22.00 y las 6.00 hora local (01.00-09.00 GMT) solo mediante tarjeta de crédito o de débito.

Estaba previsto hacer extensiva esta medida a las 24 horas del día en esos dos departamentos el 1 de julio pasado y que se unieran los restantes 17 departamentos el 15 de agosto, aunque hasta el momento no se ha llevado a cabo en su totalidad.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, estimó que «con la disminución del dinero ya no se ven tan seguido los asaltos a las estaciones de servicio».

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió una disminución de los asaltos en el sector y recordó que estas medidas fueron el resultado de acuerdos con los vendedores de gasolina.

Por otra parte, Astori mencionó en la aprobación de un proyecto que complementa a la Ley de Inclusión Financiera en la que se enmarca esta medida.

El nuevo proyecto de ley tiene por objetivo el acceso de toda la población a los servicios vinculados a la utilización de medios electrónicos de pago y cobro y el acceso a cuentas de ahorro y a líneas de crédito.

Según el jerarca, el proyecto «asegura transparencia en la forma de pagos del país y sobre todo acceso al sistema financiero para quienes tuvieron dificultades (para incorporarse), personas de condición socio-económicas humildes y micro, pequeñas y medianas empresas».