Montevideo, 22 ene (EFE).- El Gobierno uruguayo expuso hoy los «mitos y verdades» sobre los refugiados sirios que llegaron en 2014 al país en aspectos como el apoyo económico que reciben, que el Ejecutivo asegura «no es eterno», o si suponen una «amenaza para la seguridad», algo que desmiente al remarcar que huyen del terrorismo.

En un documento divulgado por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Presidencia de la República, el país suramericano recalca que las cinco familias acogidas, víctimas de la guerra civil que sufre Siria desde 2011, no son las únicas personas refugiadas en el país.

A diciembre de 2015, existían 301 personas en dicha situación, de las cuales 44 integran ese contingente de sirios.

«Desde su llegada, se fue generando un número importantes de mitos vinculados a estas familias que nos proponemos comenzar a derribar», añade el texto, dividido en ocho preguntas y respuestas.

Es así que se destaca que no es cierto que el dinero que reciben no tenga contraprestaciones, sino que obtienen un monto «fijo» y uno «rotatorio» sujeto al cumplimiento de metas, como la inclusión educativa de los niños y el tener los controles de salud al día.

No obstante, en caso de registrarse un hecho de violencia, el cobro del fondo fijo se suspende, como ocurrió el pasado noviembre, cuando el Gobierno retiró durante un mes esa ayuda a una de las familias como sanción por la agresión que el patriarca realizó a representantes institucionales.

La SDH subraya que todos los hogares tienen al menos un integrante mayor de edad vinculado laboralmente y que la meta es que todos los adultos trabajen antes de la finalización del programa.

«¿Los trabajadores uruguayos financiamos a los sirios con nuestros impuestos?», plantea el documento, que desmiente tal situación al explicar que el gasto correspondiente a las transferencias económicas que reciben es «marginal» y representa un porcentaje «ínfimo» del gasto público total.

Además del dinero, las familias reciben acompañamiento técnico y clases de español, como también acceso al sistema de salud y de educación, «como todos los habitantes de Uruguay».

El objetivo, señala la SDH, es facilitarles autonomía para autosustentarse una vez concluido el programa.

«Las cinco familias sirias recibirán apoyo durante dos años, de los cuales -a octubre de 2015- se cumplió uno», afirma la nota.

Sobre si los refugiados «amenazan la seguridad de las localidades en las que se instalan», se destaca que «son personas comunes, sometidas a la violencia de la guerra» y que llegan Uruguay «en busca de la tranquilidad que les fue negada».

«No son terroristas: están huyendo del terrorismo», espeta el texto.

A principios de septiembre, los sirios protestaron durante cuatro días frente la sede del Gobierno, en Montevideo, para poder dejar el país por ser caro y no poder vivir dignamente, aunque finalmente cesaron su acampada.

Acerca de si durante este tiempo estas personas «no han hecho ningún avance significativo» y se quieren ir, el documento agrega que las familias han realizado «importantes avances», fundamentalmente en materia laboral y educativa, y están «en pleno período de inserción en una sociedad que culturalmente les resulta ajena».

Por último, se especifica que el Estado no trata mejor a los sirios que a los uruguayos, pero matiza que los primeros atravesaron «un largo proceso en el que sus derechos humanos básicos fueron sistemáticamente vulnerados» y que como Estado se cree necesario contribuir a revertir ese proceso.

Con la llegada de los sirios en 2014 se anunció que en 2015 llegarían otras 72 personas, pero hasta ahora se fue aplazando sin confirmarse una fecha definitiva, lo que apunta a que el Gobierno optará por la suspensión del nuevo arribo.