Montevideo, 24 ene (EFE).- El exreo del penal estadounidense de Guantánamo acogido en Uruguay desde diciembre de 2014 que fue denunciado por su esposa por violencia machista declaró hoy ante la Justicia del país suramericano y sigue en libertad dado que no hay pruebas suficientes para dictar una resolución.

Fuentes de la investigación informaron a Efe que el caso “quedó en presumario” y que la causa seguirá instruyéndose “con nuevas medidas que se van a realizar (a partir de febrero) después de la feria judicial”, aunque no se detallaron las siguientes actuaciones que se realizarán.

“Por el momento no se ha demostrado y no hay resolución, así que el caso no está resuelto”, afirmaron las mismas fuentes.

La Justicia uruguaya impuso este sábado una orden de alejamiento de 300 metros durante 120 días al exreo sirio O.M.F., que fue denunciado por su esposa -una uruguaya convertida al Islam con la cual se casó en junio de 2015- por supuesta violencia de género.

En declaraciones a la cadena de televisión uruguaya Canal 10, la esposa de O.M.F., que ha abandonado el domicilio que la pareja compartía, dijo que los supuestos actos de violencia machista venían repitiéndose desde hace “siete meses”.

“Yo era la ‘Guantánamo uruguaya’ y él el libre. Fue feo lo que yo pasé. Creo que nadie lo soportaría. Lo soporté porque amenazó a un familiar mío y no iba a permitir que me lo tocaran”, dijo en esas declaraciones, en las que también asegura que ella no tenía “ni voz ni voto” en la relación.

Asimismo, indicó que durante ese tiempo recibió “palizas” y “golpes.

Por su parte, el entorno del denunciado niega las acusaciones de la mujer.

En total, cuatro sirios, un tunecino y un palestino fueron acogidos en Uruguay en diciembre de 2014 como parte del compromiso del entonces presidente, José Mujica (2010-2015), de colaborar con su par estadounidense, Barack Obama, en el plan de cierre del penal instalado en la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) para acusados de terrorismo.

En 2015 otro de los exreos, el tunecino A.B.M, fue denunciado por su pareja, una uruguaya con la que vivía en Montevideo, por amenazas verbales, por lo que se dictó una orden de alejamiento que la Justicia acabó levantando al considerar que ya cesó el riesgo.