Lima, 5 sep (EFE).- Un tribunal peruano confirmó hoy la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada contra 11 personas investigadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal denominada "Los Cuellos Blanco del Puerto", con vínculos en la Judicatura, informaron fuentes oficiales.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presidida por la magistrada Susana Castañeda e integrada por Juan Piscoya y Oscar Burga, indicó el Poder Judicial.
El fallo ratificó la decisión dictada en primera instancia por el juez Manuel Chuyo contra el exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) José Cavassa, así como los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza.
También contra los procesados Gianfranco Paredes, John Misha Mansilla, Nelson Aparicio, Carlos Parra, Verónica Rojas, Jacinto Salinas, Víctor León y Juan Antonio Eguez, todos presuntos integrantes de la organización criminal.
Los implicados en el caso son acusados por el Ministerio Público de la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, y haber operado en las instituciones del sistema de justicia.
El tribunal también revocó la orden de encarcelamiento de Fernando Seminario y le impuso la medida de comparecencia con restricciones previo pago de una caución de 50.000 soles (15.625 dólares).
Según se informó, la variación de esta medida contra Seminario fue adoptada "tras valorar su conducta procesal y por haber aportado 'datos relevantes' para las investigaciones".
El tribunal detalló que Seminario brindó información, que luego fue confirmada, sobre los roles que cumplían el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, el chofer de este, Jhon Misha Mantilla, y otros implicados con la organización.
La Fiscalía señala que la presunta organización criminal operó para facilitar la resolución de casos judiciales a favor de sus integrantes con el apoyo de una red externa conformada por abogados, empresarios y altos funcionarios del sistema de justicia.
El caso fue revelado a partir de la publicación desde julio pasado de una serie de audios que muestran una trama de favores y delitos en las altas instancias de la Judicatura y otras instituciones, que ha llevado al presidente de Perú, Martín Vizcarra, a proponer que el Poder Judicial sea reformado.