Quito, 4 dic (EFE).- Un juez de Quito condenó hoy a quince días de prisión a 21 detenidos en las protestas registradas la víspera, durante las manifestaciones de sindicatos e indígenas contra unas enmiendas constitucionales impulsadas por el Gobierno y aprobadas el jueves por la Asamblea Nacional (Parlamento).

El juez Rafael Pérez, de la Unidad de Flagrancia, ordenó además que los acusados paguen en conjunto 4.200 dólares (200 dólares cada uno) a cuatro policías que resultaron heridos durante los enfrentamientos registrados en la protesta.

Fuentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) dijeron que también se impuso a los detenidos multas del 25 % de un salario mínimo.

Agregaron que presentarán una apelación en una instancia superior para que, además, analicen la actuación, supuestamente irregular, del juez Pérez.

Asimismo, dijo que se prepara una acción de «hábeas corpus» o «cuerpo presente» para intentar liberar a los detenidos que desde el jueves se encuentran en los calabozos de la Unidad de Flagrancia.

Según la Conaie, otros tres detenidos están pendientes de audiencia, acusados de ataque y resistencia por su actuación en los incidentes del jueves.

Pamela Troya, activista de derechos humanos, dijo que entre los detenidos hay personas con heridas productos de los enfrentamientos con la Policía, informó el diario El Universo en su portal web.

También el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, dijo que al menos ocho campesinos habrían sufrido heridas durante la represión policial contra la protesta.

La condena contra los 21 manifestantes generó también la reacción de las centrales sindicales, que tildaron al Gobierno de «autoritario y represivo».

El presidente de la Central de Organizaciones Clasistas y Unitaria de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez, reprochó la represión policial cuyo objetivo, según dijo, es «amedrentar a dirigentes y bases» de los sectores sociales que critican al Gobierno.

La condena contra los manifestantes «confirma que en Ecuador no hay una justicia imparcial, sino que está sometida al Gobierno», añadió el líder sindical al asegurar que «la lucha social no se detendrá».

«Llamamos a la desobediencia civil e invitamos a los profesionales del derecho a realizar demandas de inconstitucionalidad en contra de las enmiendas» constitucionales, remarcó Tatamuez.

La Asamblea Nacional aprobó un paquete de enmiendas impulsadas por el Ejecutivo que incluyen una que permite la presentación a la reelección a todos los cargos por voto popular.

Sin embargo, aprobó también una disposición transitoria, que entrará en vigor en mayo de 2017, que impide presentarse a los próximos comicios de ese mismo año al actual mandatario Rafael Correa.

Los grupos de oposición consideran que esa resolución del Legislativo es una especie de maniobra, ya que abre la puerta para que Correa pueda presentarse en el futuro.

El Ejecutivo presentó hace más de un año el paquete de enmiendas sobre varios temas, como la contratación colectiva en el sector público, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna, la consulta popular en Gobiernos locales y el establecimiento de la comunicación como un servicio público.

Sin embargo, el tema de la reelección fue el caballo de batalla de los grupos de oposición, que desde hace meses han convocado a frecuentes protestas bajo la consigna de «Fuera Correa, fuera».