Sao Paulo, 23 abr (EFE).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, Paulo Pimenta, afirmó hoy estar «perplejo» con el poder hegemónico de la Policía como único resorte del Estado en las favelas que están bajo el modelo de pacificación en la ciudad de Río de Janeiro.

«Todas las actividades son ejecutadas por la Policía, desde la entrega de huevos de pascua hasta las clases de guitarra. El Estado no cumple funciones sociales, apenas la Policía es la referencia del Estado para las comunidades», afirmó Pimenta, al comentar su visita al complejo de favelas de Alemão, en la zona norte de Río.

El diputado criticó la marcha que ha tenido las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Río de Janeiro instaladas en 38 favelas de la ciudad maravillosa, pero citó estudios académicos que indican que desde 2007 se evitaron 87.000 muertes, tomando en cuenta datos estadísticos.

Pimenta participó del seminario Brasilianas.org que se realizó en Sao Paulo para discutir la seguridad pública en las grandes ciudades brasileñas.

Las UPP del Gobierno regional de Río de Janeiro están bajo una fuerte polémica a raíz de que un niño de diez años, Eduardo de Jesús Ferreira, murió víctima al parecer por una bala policial durante un operativo en el complejo de favelas de Alemao.

«Estuve en el morro do Alemao y hasta para festejar un cumpleaños hay que pedir permiso a la UPP, para jugar al fútbol también. Todo está militarizado. La idea de UPP lamentablemente está siendo mal construida», afirmó.

El congresista del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) apuntó también a la impunidad policial como una de las principales causas de la falta de credibilidad de la población en los agentes que ocupan las comunidades pobres cariocas.

Según el diputado, existe por parte de la Policía una «banalización» de la muerte, en un país que se encuentra entre los diez más violentos del mundo -dijo- con 55.000 homicidios anuales, de acuerdo con los datos de 2014.

En ese marco, denunció la «ola conservadora» en el Congreso que dio luz verde para que a nivel de comisión especial, la Cámara de Diputados comience a debatir una ley para reducir de 18 a 16 años la edad penal.

En diálogo con Efe, el diputado apuntó que apenas el 1 % de los crímenes hediondos fueron perpetrados por menores de 18 años.

Pimenta comentó que se formó un «bloque conservador» en el Poder Legislativo motivado por sectores reaccionarios que están actuando en temas importantes de la agenda del Congreso contra las políticas de inclusión social de la última década.

En el seminario también participó Débora María da Silva, coordinadora del movimiento Madres de Mayo, creado luego del asesinato de civiles a manos de escuadrones de la muerte, milicias y policías en mayo de 2006 en el estado de Sao Paulo, como supuesta represalia a varios ataques lanzados por el crimen organizado.

En una semana de mayo de aquel año unos 600 jóvenes fueron asesinados en las periferias de las principales ciudades del estado de Sao Paulo, uno de ellos el hijo de la activista, muerto durante un control policial en el municipio de Santos, litoral paulista.

«Todavía hay desaparecidos, hubo fosas clandestinas. Esto es lo que ocurre en nuestras periferias y es por eso que necesitamos una comisión de la verdad de la democracia, para dilucidar los crímenes policiales. La democracia no llegó a la policía y es necesario desmilitarizarla», comentó da Silva.

La dirigente, que comenzó a militar por la reforma policial a partir del asesinato de su hijo, denunció que la Policía en el estado de Sao Paulo está «partidizada» y que recibe el apoyo de organizaciones internacionales como la ONU.

Da Silva afirmó que «la burguesía conoció la violencia policial durante las protestas de junio de 2013, pero en ese caso la represión fue con balas de goma, en las periferias y con la población negra las balas son de acero».

Durante el seminario, Pedro Barros Geraldo, profesor e investigador del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Río de Janeiro, defendió la formación para los policías.

Sin embargo, aseveró que la situación se arrastra con el tiempo desde la época de la dictadura militar (1964-1985) y ahora adquirió lugar en la agenda pública.

«La seguridad pública no está en crisis -dijo, con ironía- siempre funciono así, solamente que ahora tiene visibilidad. La forma de administrar conflictos funciona de esta forma desde los años 70, sólo que ahora ha llamado la atención».