Bogotá, 16 oct (EFE).- Un total de 161 hechos de violencia política electoral fueron registrados en Colombia en lo que va de año en 99 municipios de los 1.101 que figuran en el país, informaron hoy organizaciones no gubernamentales (ONG).

El dato fue destacado en Bogotá por la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, durante la presentación del “Informe electoral 2015, elecciones locales, relación de políticos con estructuras ilegales, mafias de contratación y vínculos con actores ilegales”.

“Uno de los principales temas que afectan los procesos electorales en este país está directamente relacionado con la violencia (…) A la fecha la MOE ha registrado 161 hechos violentos contra precandidatos, candidatos, funcionarios públicos electos y directivos de partidos políticos”, señaló Barrios.

Según el estudio, presentado junto con la Fundación Paz y Reconciliación, en 33 de los municipios en los que se han presentado estos hechos hay presencia de grupos armados ilegales como bandas criminales o guerrillas.

“Esto significa que gran parte de la violencia política que estamos viendo a lo largo de este proceso electoral no corresponde a una relación directa con la ilegalidad armada”, detalló Barrios, que afirmó que en los otros municipios los hechos se dan por “los altos niveles de pugnacidad e intolerancia” entre los partidarios.

De los casos denunciados, 67 ocurrieron después del 25 de julio, fecha en la que las autoridades colombianas autorizaron a los candidatos iniciar las campañas electorales.

De estos 67 hechos denunciados, “seis han sido asesinatos, diez atentados, 50 amenazas y una desaparición”, añadió la directora.

Estos actos se presentaron principalmente en los departamentos de Valle del Cauca (suroeste), que registró nueve actos de violencia; seguido por Arauca (este), con seis; y Bolívar y Sucre (norte), Antioquia (noroeste) y Nariño (suroeste) con un caso.

Asimismo, el 61 % de las víctimas son candidatos a las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, seguido por funcionarios (17 %), directivos de partidos políticos (3 %) y funcionarios de libre nombramiento y remoción (1 %).

Las víctimas pertenecen principalmente a los partidos políticos Liberal con 22 casos, seguido por el Centro Democrático (19), la U (16), Unión Patriótica (15), Cambio Radical (12), Conservador (12) y Alianza Verde y Polo Democrático (9).