Lima, 24 oct (EFE).- Congresistas del opositor Frente Amplio y organizaciones indígenas peruanas presentaron hoy un proyecto de ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena con el fin de mantener un monitoreo ambiental en las zonas de derrames de petróleo y contaminación por relaves de la minería, entre otros casos.

En una rueda de prensa en el Parlamento de Perú, la legisladora Tania Pariona del izquierdista Frente Amplio dijo que, ante el escenario de contaminación y derrames permanentes en la Amazonía, los indígenas reclaman “una participación activa”.

La parlamentaria pidió “que nos tengan en cuenta cuando vamos a plantear medidas de remediación y el acceso a nuestros derechos colectivos como comunidad”.

A raíz de los derrames del Oleoducto Nor Peruano ocurridos este año, 3.500 familias de siete comunidades nativas se han visto perjudicadas y no han recibido la debida atención por parte del Estado ni de la empresa pública, según se informó en la presentación.

En la actualidad, cientos de pobladores indígenas mantienen un paro en la localidad de Saramurillo, en la región amazónica de Loreto, que incluye el bloqueo del paso de embarcaciones por el río Marañón debido a los derrames de crudo que han contaminado sus poblados.

El proyecto de ley presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología plantea integrar la información proporcionada por los sistemas de vigilancia de las organizaciones indígenas y servir como prevención ante conflictos sociales y nuevas emergencias ambientales.

El representante de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez, declaró que los pueblos nativos están viviendo momentos muy difíciles, y que “en estos 50 días de movilización hemos podido ver la arrogancia y la prepotencia del Estado frente a los problemas graves de contaminación”.

Pérez agregó que los indígenas que se han focalizado en Saramurillo “están pisando tierra y bajo sus pies hay petróleo, que viene envenenando los cuerpos de agua”.

En esa región, los pueblos indígenas están aislados del Estado y tienen como única fuente de subsistencia el bosque y los recursos, afirmó Pérez.

“Los pueblos indígenas ya no vamos a soportar más y pensamos que esta propuesta de ley es oportuna que la desarrollen en comunicación con los pueblos nativos, que están en el terreno de los hechos”, anotó.

Por su parte, el portavoz del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), Agilio Sempere, informó que los pueblos machiguengas han estado vigilando los cuerpos de agua en la selva de la región Cuzco, tras el inicio de la explotación de la reserva de gas de Camisea, y de esa forma han denunciado los derrames ocurridos en enero pasado en esa zona.

A su turno, Lizardo Cauper de la Organizacion regional en Ucayali (Orau) declaró: “la Amazonía y los pueblos indígenas vamos a reaccionar a estas provocaciones con normas”, en alusión a los conflictos sociales generados por la aparente falta de entendimiento con las necesidades de las comunidades nativas.