Asunción, 14 sep (EFE).- Una treintena de diputados de la oposición pertenecientes a diversos partidos políticos presentaron de forma oficial un pedido de juicio político contra el ministro del Interior, Francisco de Vargas, "por mal desempeño de funciones", según informó hoy la Cámara de Diputados.
El escrito está firmado por las dos bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la legisladora independiente Olga Ferreira, y las bancadas de Avanza País (AP), de Encuentro Nacional y del Frente Guasú, partido en el que milita el expresidente paraguayo Fernando Lugo.
La petición, que se espera que aglutine finalmente 40 firmas para impulsar el pedido, señala que De Vargas "abandona a su suerte a la población paraguaya", según dijo la Cámara de Diputados a través de un comunicado.
"(Esta) cuestión es percibida en la sociedad, ya que la política de seguridad del Estado es orientada a brindad seguridad de carácter privado", añadió.
En ese sentido, la acusación indicó que De Vargas no hace una buena distribución de la seguridad pública a nivel nacional, lo que es más notorio, por ejemplo, en el departamento de Amambay (norte), que es considerado, según el documento, una zona liberada, "con libre desplazamiento de sicarios".
Además, se acusa al ministro como último responsable de los asesinatos de los intendentes de Tacuatí y Bella Vista Norte (norte), así como de la creciente inseguridad en el norte de Paraguay.
A finales de agosto se produjo un atentando en el norte de Paraguay en el que murieron ocho miembros de la FTC que formaban una patrulla que realizaba tareas de control en un camino vecinal donde se había colocado un artefacto explosivo que fue detonado al paso del vehículo, un camión para el transporte de tropas y pertrechos.
Tras la explosión, los militares fueron tiroteados por un grupo todavía sin identificar, según la versión oficial.
Las fuerzas de seguridad consideran que la guerrilla opera en los departamentos norteños de San Pedro, Concepción y Amambay, áreas fronterizas con Brasil donde se concentra la pobreza rural y el cultivo y tráfico de marihuana.
El Gobierno paraguayo responsabiliza a la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de más de medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su aparición en 2008.
El grupo mantiene secuestrados a un policía y a dos colonos menonitas.