Asunción, 21 abr (EFE).- El Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj-Py) acompañó hoy un pedido de inconstitucionalidad contra una ley de 2013 que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en procedimientos en el norte del país, ante las denuncias de varios ciudadanos por presuntos hechos de tortura atribuidos a militares.

El reclamo fue presentado en Asunción por Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega, Epifanio Cabañas y Gumersindo Toledo, que afirmaron haber sido víctimas de torturas por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), el contingente de militares y policías encargado del combate a los grupos guerrilleros que operan en el norte de Paraguay.

Las FTC fueron creadas en 2013, pocos días después de la llegada del presidente Horacio Cartes al poder, a través de una modificación en la ley de Defensa Nacional.

Esta enmienda prevé emplear al Ejército paraguayo en casos de “agresión interna” como el terrorismo y las “amenazas o acciones violentas” contra las autoridades, sin necesidad de imponer un estado de excepción.

La ley se enfocó en el combate a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quien el Gobierno responsabiliza de medio centenar de asesinatos y varios secuestros.

El Serpaj considera inconstitucional la modificación legislativa, debido a que “la Constitución paraguaya explicita que solo la Policía Nacional podrá estar a cargo de la seguridad interna del país”, dijo a Efe Cristina Coronel, portavoz de la organización.

La ONG afirma que la actuación de las FTC es “incompatible con un Estado de derecho” porque provoca “graves violaciones de los derechos humanos” de las poblaciones campesinas en la zona donde se encuentran desplegados: los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, áreas empobrecidas del norte de Paraguay.

Coronel citó atropellos, allanamientos y otros procesos irregulares llevados a cabo por personal militar contra civiles, algunos de los cuales incluyeron torturas.

Aludió el caso de Epifanio Cabañas, quien en la noche del 6 de septiembre de 2013 fue víctima de un allanamiento en su domicilio de la Colonia Oñondivepa, en el departamento de San Pedro, por parte de supuestos militares que irrumpieron en su vivienda encapuchados y sin ninguna orden judicial.

Cabañas relató a Efe que en ese momento se encontraba en la casa con sus hijos de 20, 8 y 4 años de edad, y que todos ellos fueron retenidos y amenazados durante cerca de dos horas hasta que se presentó un supuesto fiscal.

“Mi hijo ya no quería ir más a la escuela, porque sus compañeros le decían: ‘tu padre es del EPP’. Quedó traumatizado. Tenemos miedo de que en cualquier momento vuelvan a atropellarnos, porque la misma noche que entraron en mi casa, también entraron en la de mis vecinos”, expuso Cabañas.

Los vecinos, Ignacio Sosa Ortega y Ramón Denis Cardozo, denunciaron que fueron golpeados y amenazados en sus domicilios por personas que se identificaron como militares.

Por su parte, Gumersindo Toledo se declaró víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en octubre de 2014 en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción.

Según Coronel, estos casos demuestran la actuación irregular de las FTC, que “con tanques, helicópteros y vehículos blindados militares provoca zozobra” en los pobladores del norte, quienes “una vez que oscurece ya no salen a la calle”.

El Serpaj también criticó la intervención de estas fuerzas militares en casos de detenciones, torturas e incluso ejecuciones de presuntos miembros de grupos armados, que en muchos casos eran menores de edad.

El uso de la fuerza por parte de las FTC fue calificado de “abusivo y arbitrario” por parte del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en su último informe, presentado en 2015.