Lima, 4 abr (EFE).- La compañía estatal peruana Perúpetro apeló hoy una sentencia judicial que suspende la exploración de yacimientos de petróleo en un área de la Amazonía porque previamente no se consultó a las comunidades indígenas de la zona para obtener su consentimiento.

El fallo del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, emitido el 28 de marzo, declaró fundada la demanda de amparo por vulneración del derecho a consulta previa en el Lote 116, presentada por un grupo de organizaciones de las etnias awajún y wampis, afectadas por la presencia de las actividades extractivas en las zonas que habitan.

La sentencia ordenó el retiro inmediato de la compañía francesa Maurel Et Prom y la canadiense Pacific, que habían suscrito con Perúpetro y con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116, situado en torno a la cuenca del río Santiago, en el norte del país.

Perúpetro recurrió el fallo bajo el argumento de que la decisión del juez «afecta el derecho de todos los peruanos de aprovechar los beneficios que genera poner en valor los recursos de hidrocarburos del país».

La compañía estatal consideró que la sentencia es inconstitucional porque vulnera la seguridad jurídica de los contratos y perjudica y atenta contra el desarrollo de los diversos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que existen en Perú.

Perúpetro afirmó que ha cumplido «a cabalidad» con realizar la consulta previa con los pueblos indígenas en nueve proyectos, y manifestó su confianza en que el Poder Judicial realizará en segunda instancia «una mejor evaluación de los argumentos expuestos por el Estado».

Recordó además que el Lote 116 tiene un importante potencial para descubrir crudo ligero de alta calidad, de entre 32 y 45 grados en el baremo del Instituto Americano de Petóleo (API).

El Ministerio de Energía y Minas también recurrió este lunes la misma sentencia «por considerar que afecta la seguridad jurídica, al haber sido arbitrariamente emitida violando los derechos constitucionales», según indicó en un comunicado.

El ministerio indicó que confía en que el fallo judicial sea elevado a una sala civil con la finalidad de que lo revoque y declare infundada la demanda de los indígenas, «por haber desnaturalizado el proceso de consulta previa».

La ley de consulta previa, aprobada en 2011 en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), marca el proceso para que el Estado haga consultas y obtenga el consentimiento de los pueblos indígenas antes de acometer actividades privadas, como las extractivas, en sus territorios.