Lima, 22 jul (EFE).- El Gobierno peruano no prorrogó el estado de emergencia que regía hasta hoy en la provincia sureña de Islay debido a las violentas protestas contra el proyecto minero Tía María, que dejaron cuatro muertos en mayo, aunque aprobó que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control del orden público.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, explicó que no se aprobó una nueva declaratoria de emergencia en Islay y que, más bien, se aprobó una resolución para que las Fuerzas Armadas presten apoyo a la Policía Nacional en esa provincia en el matenimiento del orden público y la protección de la infraestructura.

Además, Cateriano ratificó la vocación de diálogo del Gobierno con los sectores sociales que están en contra del proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper, filial del Grupo México, por la supuesta contaminación ambiental en un valle dedicado a la agricultura.

El rechazo de varios frentes civiles al proyecto Tía María generó un paro de más de 60 días en Islay y violentos disturbios que dejaron cuatro muertos y alrededor de 200 heridos, lo que forzó al Gobierno a decretar en mayo el estado de emergencia en esa provincia de la región de Arequipa.

El presidente de Southern, Oscar González Rocha, declaró en junio pasado que la empresa podría ampliar la pausa de 60 días que le dio al proyecto con el objeto de que la población aclare sus dudas respecto a la futura explotación de cobre en Islay.

El jefe del gabinete agregó que el Gobierno peruano está esperanzado en que las mesas de diálogo que se desarrollarán “puedan aclarar las dudas y debatir aquellos temas que fueron lamentablemente discutidos en un contexto de violencia”.

Además, Cateriano informó que “todos los ministros involucrados en esta problemática, por indicación expresa del presidente Ollanta Humala, viajarán en las próximas semanas a Islay para, personalmente, monitorear los avances en este sentido”.

A su turno, el titular de la cartera de Agricultura, Juan Manuel Benites, declaró que “no se pretende de ninguna manera destruir el valle, lo que se pretende, por el contrario, es reconocer que tiene vocación agraria, materializar ese potencial sobre diversos proyectos, para que más bien crezca y se fortalezca en ese espacio de entendimiento y lograr resultados positivos”.

Cateriano, en tanto, remarcó que si se oponen “a la actividad minera”, no se puede “generar riqueza” y la generación de la riqueza es posible mediante la inversión, indicó.

Las protestas contra Tía María empezaron en 2011 cuando el Estudio de Impacto Ambiental recibió 138 observaciones y se desataron unas violentas protestas que se saldaron entonces con tres muertos.

La compañía trabajó posteriormente en resolver las observaciones y el año pasado recibió el visto bueno del Gobierno para seguir adelante con el proyecto minero.

Southern Copper estima que la inversión total para el desarrollo del proyecto ascenderá a 1.400 millones de dólares.