Lima, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Perú destituyó hoy a la procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, cuestionada por el ministro de Justicia y Derechos, Gustavo Adrianzén, por dar declaraciones ante los medios sobre las investigaciones por presunta corrupción contra la primera dama de Perú, Nadine Heredia.

Una resolución suprema del Ministerio de Justicia publicada hoy en el diario oficial El Peruano dio por concluida la designación de Príncipe como procuradora.

El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, aseguró hoy a Radio Programas del Perú (RPP) que la destitución de Príncipe se debe a que se le retiró la confianza.

Adrianzén señaló que nunca se le cuestionó a Príncipe el contenido de sus declaraciones, sino el hecho de no solicitar autorización en cumplimiento de las normas.

La oposición política ha pedido que Adrianzén sea censurado por el Congreso por haber exigido a los procuradores del Estado que soliciten su autorización antes de declarar a los medios sobre los procesos que lleva adelante el Estado.

El primer ministro, Pedro Cateriano, dijo el lunes que Adrianzén cuenta con el respaldo en pleno del consejo de ministros y aseguró que el titular de Justicia solo cumple con la ley al exigir el pedido de autorización.

Julia Príncipe indicó a RPP que “el país se dará cuenta de lo que ha pasado” y aseguró que trató de defender sus principios como procuradora: “Tenía que defender la justicia. Yo no soy una procuradora genuflexa”.

A su entrada a la sede de la procuraduría, Príncipe añadió a los medios de comunicación que el Gobierno peruano pretende “sacarse una piedra del zapato” con su destitución y manifestó su intención de “desenmascarar al ministro, porque no merece estar donde está”.

Príncipe entregó en agosto pasado cuatro agendas con presunta contabilidad de Nadine Heredia al fiscal que investiga la presunta financiación irregular del Partido Nacionalista, presidido por la primera dama.

Heredia ha negado que las agendas le pertenezcan, pero la procuradora pidió que se haga una prueba grafotécnica a los cuadernos, lo cual fue aceptado por el fiscal Germán Juárez.