Asunción, 7 ene (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, se mostró hoy confiado en que Paraguay pueda demostrar que no existió una “participación directa del Estado” en el caso de torturas a dos líderes políticos de 2002 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) juzgará el próximo 7 de febrero.

El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirimirá si Paraguay es responsable de haber torturado a Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del movimiento político Patria Libre, que actualmente están asilados en Brasil.

Villamayor argumentó hoy ante los medios que “no se puede vincular la actuación de un policía” con la del Estado, si no se demuestra que cumplía “instrucciones de un superior”.

Además, el ministro recordó que los agentes implicados ya fueron procesados por la Justicia paraguaya en un caso que quedó sobreseído, razón por la que defiende que tampoco se puede condenar a Paraguay por “inacción”.

“Hay elementos que, como profesional del derecho, se me ocurre que no podrían utilizarse en conjunto y que implicarían contradicciones en una condena contra el Estado”, añadió Villamayor.

Esa misma tesis ha sido defendida hoy por la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, quien aseguró que es posible “controvertir los hechos en sí” ante el tribunal.

“Nosotros negamos la existencia de los hechos de tortura y negamos la participación de agentes del Estado”, admitió Peralta en declaraciones recogidas por la agencia local IP.

Asimismo, Peralta cuestionó el informe médico realizado por un centro de salud privado para probar las torturas y argumentó que los profesionales del Ministerio Público no pudieron realizar una inspección física a Arrom y Martí.

Los dos dirigentes políticos argumentan que fueron interrogados en 2002 sobre sus actividades políticas y que les presionaron para declararse culpables del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardil, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya.

El 1 de diciembre de 2003 Brasil decidió reconocer a Arrom y Martí como refugiados políticos y les otorgó la protección para que residan libremente en su territorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, argumentando que se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

Asimismo, recomendó resarcir económicamente a los dos dirigentes, así como sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil.

Sin embargo, el Estado paraguayo decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reunirá el 7 de febrero.