Asunción, 9 ene (EFE).- El ministro del Interior paraguayo, Juan Ernesto Villamayor, se mostró hoy “optimista” ante la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita un fallo “favorable” en un caso de torturas denunciadas por dos activistas de izquierda, ante las “múltiples contradicciones” de la acusación.

La CorteIDH juzgará en febrero la responsabilidad del Estado en el caso de torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, hoy asilados en Brasil, después de que Paraguay no acatara las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resarcir a ambos.

Arrom y Martí, líderes del desaparecido Partido Patria Libre, están procesados por la Justicia del secuestro de la mujer de un empresario en 2002, liberada tras el pago de una suma millonaria.

El ministro explicó a Efe que dichas “contradicciones” se refieren a que “el reclamo (de Arrom y Martí) se funda en un elemento inexistente, que es la inacción” de la Justicia paraguaya.

Y afirmó que el caso de las torturas “sí ha sido investigado” y que “los particulares, sindicados por ellos como responsables, no han sido encontrados culpables por la Justicia”.

Antes del juicio por el secuestro, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura.

Ambos denunciaron que fueron interrogados en una vivienda por policías que los presionaron para declararse culpables del secuestro.

Al respecto, Villamayor señaló que “la Corte tendrá que entender que sí se hizo (la investigación del caso), y ese sólo hecho saca por tierra todo el postulado de la acción” contra Paraguay.

Agregó que si “no está de acuerdo con el resultado del procedimiento”, se debería “demostrar por qué y en qué la Justicia paraguaya falló”.

El ministro negó además cualquier “responsabilidad del Estado” en el caso, ya que los presuntos autores de las torturas denunciadas por Arrom y Martí, aunque eran policías, “no se encontraban en relación de subordinación con el Estado”, por lo que “no se ve por dónde aparece el Estado como responsable”.

Defendió que la responsabilidad del Estado se ciñe a la actuación de los policías “en ejercicio de funciones” y que, en aquella ocasión, las supuestas torturas se produjeron en “una casa particular” y no en una “dependencia policial”.

La CIDH concluyó a finales de 2017 que Paraguay era responsable de una violación de derechos porque se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

Entre las recomendaciones de la CIDH y que podrían aparecer en una posible condena, se encontraba el pago de una indemnización a Arrom y Martí por daños morales, físicos y psicológicos, algo que el ministro descartó, y aseguró que Paraguay “se va a negar sistemáticamente” a “desembolsar dinero”.

Afirmó que tampoco cumplirá otra de las recomendaciones de la CIDH, que fue la de nombrar “calles y plazas con el nombre de los secuestradores” como medida de resarcimiento, algo que calificó de “absurdo” y “jurídicamente inadmisible”.

En caso de no acatar un posible fallo negativo para el Estado de la CorteIDH, Villamayor no especificó si el país debería abandonar el organismo, aunque señaló que “hay mucha gente que se plantea eso”.

Tampoco consideró que el incumplimiento de una resolución de la CorteIDH suponga un “descrédito” para el país, ya que “reacciona frente a un despropósito” y “en contra de un sometimiento”.

Remarcó que Paraguay “no es el único país que se plantea” actualmente “que el organismo (CorteIDH) no necesariamente responde a los postulados de origen”.

Lamentó además que la CorteIDH haya “impedido que el Estado paraguayo presente sus testigos” durante el proceso, después de que rechazara a 27 de los 28 propuestos por la defensa del país suramericano.

Según Villamayor, el proceso está “sesgado por una posición política” de izquierdas, que “en alguna época imperó en el continente” y con base en la cual “se obtuvo dentro de Brasil la protección a delincuentes comunes”, en referencia al asilo político que Brasil otorgó a Arrom y Martí.

El Gobierno paraguayo solicitará oficialmente esta semana al nuevo Ejecutivo brasileño la revocación de ese estatus.