Asunción, 23 jul (EFE).- Paraguay ha hecho un "gran camino" al ratificar tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero "el gran reto" es la aplicación de estos instrumentos, aseguró hoy a Efe Liliana Valiña, asesora de Derechos Humanos para Paraguay del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Paraguay ha incorporado a su normativa tratados de derechos humanos, ha ratificado la mayoría de los tratados, ha creado instituciones... pero le falta profundizar el cambio en las prácticas para conseguir que esas normativas se apliquen", explicó Valiña.
La asesora participó hoy junto al canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en la presentación de un libro que hace referencia al trabajo en derechos humanos de Paraguay desde la caída de la dictadura en 1989 hasta el año 2015, en que el país ejerce una de las cuatro vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto a Albania, Botswana y Kazajistán.
Según este documento, Paraguay es suscriptor de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la convención para la prevención y sanción del genocidio, el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos o el estatuto de Roma que constituyó la Corte Penal Internacional.
El no cumplimiento de las normas internacionales contenidas en los documentos suscritos por Paraguay motiva a los organismos internacionales a emitir recomendaciones, pero también sentencias penales o informes para que el país se adecúe al marco de derechos humanos.
Para dar un seguimiento a estos reclamos internacionales, Paraguay creó el Sistema de Monitoreo de las Recomendaciones (Simore), que permite a ciudadanos y personal de las instituciones conocer cuáles son las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con estas recomendaciones.
Pese a ello, Valiña dijo que el sistema "no es un milagro" y que, para que Paraguay se ponga al día con las recomendaciones internacionales, es necesaria "voluntad política y un mayor trabajo con la sociedad civil".
Según datos del Simore, el país cuenta en la actualidad con tres recomendaciones emitidas en marzo de 2013 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La primera de ellas solicita que el Estado establezca un "sistema independiente para recibir y tramitar las denuncias de torturas o malos tratos en todos los lugares de privación de libertad".
La segunda insta a que se juzgue y sancione a los responsables de casos de violaciones a derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad, que documentó las torturas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), e indemnice a las víctimas.
La última de ellas exige la "investigación inmediata, independiente e imparcial" de la masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012, así como a las "posibles violaciones del debido proceso".
El juicio por esa matanza, que provocó la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo (2008-2012), está previsto para el próximo lunes.
Serán trece los campesinos juzgados, acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que diez de ellos afrontan el cargo de intento de homicidio de los seis policías.
No hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos.
Además de estas recomendaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado a Paraguay tres veces por la violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el país, sentencias que el Gobierno aún no ha cumplido.