Asunción, 28 may (EFE).- Decenas de niños y adolescentes condenaron hoy la impunidad de los casos de violencia sexual contra menores de edad en Paraguay, que suman 669 denuncias en los primeros cuatro meses de 2016, según cifras oficiales.

Los jóvenes convocaron este sábado una manifestación en repudio de los abusos sexuales contra menores de edad, pero la intensa lluvia los obligó a refugiarse en las instalaciones de la antigua estación de ferrocarril de Asunción, donde desarrollaron una colorista protesta entre vagones y andenes.

En mitad de las vías del tren, un actor aupado a unos zancos dirigía a una peculiar cuadriga, formada por cuatro adolescentes amordazados y pintados de blanco que portaban lápidas en recuerdo de casos impunes de abuso sexual contra menores.

Entre ellos destacaron el caso de Felicita Estigarribia, una niña de 11 años que fue violada, asesinada y torturada en la ciudad de Yaguarón en 2004, y cuyo caso continúa impune.

También recordaron el de la niña conocida con el nombre ficticio de Mainumby, que quedó embarazada a los 10 años a raíz de una violación perpetrada por su padrastro, y se vio forzada a dar a luz debido a que las leyes paraguayas prohíben el aborto.

Este caso suscitó la preocupación de instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Parlamento Europeo.

Los manifestantes lamentaron hoy que muchos casos de abuso sexual en el país quedan impunes o, cuando son juzgados, las penas impuestas son muy bajas, debido a que el abuso sexual está tipificado como delito en Paraguay, y no como crimen, dijo a Efe David González, de 22 años, de la organización Somos Pytyvohára.

El portavoz de esta ONG, compuesta por jóvenes que brindan a sus pares asesoramiento sobre sus derechos sexuales, pidió un aumento de las penas contra los responsables de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que actualmente van desde los dos años de reclusión en adelante.

El propio titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay (SNNA), Carlos Zárate, afirmó en febrero que la ley paraguaya es «bastante benevolente» con los agresores sexuales, cuya expectativa de pena es «bajísima», a menos que concurra el agravante del coito con el o la menor.

De hecho, González declaró que «en Paraguay hay personas que por robar una vaca pasaron en prisión cinco años, y otras que por violar a una niña estuvieron en la cárcel dos años».

Su compañera Sara González, de 17 años, agregó que estas penas «no son nada en comparación con el recuerdo que tendrá la víctima durante toda su vida», especialmente en el caso de las niñas embarazadas tras un abuso sexual, y que son forzadas a dar a luz.

En Paraguay, cada año cerca de 700 niñas de 10 a 14 años dan a luz bebés vivos, una cifra que según David González no refleja la totalidad de embarazos infantiles, la gran mayoría de ellos fruto de abuso sexual, debido a que muchas niñas sufren abortos espontáneos o se someten a un aborto clandestino.

Para prevenir el abuso sexual, González pidió que se instale en las escuelas paraguayas una educación integral de la sexualidad «laica, científica y de calidad», que permita a niños, niñas y adolescentes identificar «cuándo una persona les está mostrando afecto, y cuándo comienza a ser violencia sexual».

«Muchos sectores fundamentalistas religiosos piensan que si un niño o adolescente conoce su cuerpo es más propenso a tener relaciones sexuales, cuando en realidad quien tiene información va a saber decidir mejor sobre su sexualidad», dijo el activista.

Un reciente estudio sobre maternidad en adolescentes de 15 a 19 años, elaborado por el Fondo de Población de la ONU y presentado este viernes en Asunción, muestra que las menores con un mayor nivel educativo son más proclives al uso de anticonceptivos, y la ocurrencia de embarazos entre ellas es menos frecuente.