Río de Janeiro, 14 abr (EFE).- El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, cobró este miércoles las acciones adelantadas por el país para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, que si fueran remuneradas «bajo la lógica de los acuerdos de París», representarían unos 294.000 millones de dólares.

De acuerdo con Salles, entre 2006 y 2017, Brasil evitó la emisión de 7.800 millones de toneladas de carbono.

«Brasil recibió menos de 1.000 millones de dólares a lo largo de ese período», aseguró el ministro durante la instalación del Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea (UE) y Brasil, sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, en la que también participó el canciller brasileño Carlos França.

De acuerdo con Salles, la «fotografía» del flujo de emisiones de gases en Brasil representa menos del 3 %, mientras que en la Unión Europea la cifra esta próxima al 14 %.

Las palabras del ministro se dieron luego de que el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, exigiera un mayor compromiso de Brasil, en lo relacionado con el clima y la biodiversidad.

Según el comisario, Brasil es un «socio estratégico y era «uno de los países más ambiciosos» en términos de reducción de CO2. Pero en diciembre de 2020, cuando presentó su último compromiso ante las Naciones Unidas «esta ambición no se repitió y fue una oportunidad perdida».

De acuerdo con Sinkevicius, el Gobierno brasileño necesita fortalecer las medidas fiscalizadoras para que disminuya «significativamente» la deforestación en los bosques y selvas de Brasil. «Estos son problemas que necesitan ser tratados con urgencia», insistió.

Sobre el tema, el ministro Salles aseguró que Brasil mantiene la Amazonía preservada en un 84 %, «marca que muy pocos países podrían ostentar», gracias a «un código forestal bastante restrictivo».

Salles abandera la criticada política medioambiental del presidente, Jair Bolsonaro, que defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en tierras indígenas.

La flexibilización de los controles de actividades ilegales como la minería y el comercio de madera, han sido duramente criticadas por organizaciones ecologistas.

Este jueves, un grupo de jóvenes presentó una demanda popular en un juzgado en Brasil contra los ministros de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores por utilizar una «maniobra engañosa», al presentar una nueva meta para el Acuerdo de París, echando para atrás su compromiso de disminuir los gases efecto invernadero.

En diciembre de 2020, el Acuerdo de París cumplió cinco años y todos los países signatarios debieron presentar nuevas versiones de los compromisos asumidos en 2015.

En lugar de presentar una meta más ambiciosa, el Ministerio de Medio Ambiente presentó una nueva meta que le permitirá al país emitir, hasta 2030, 400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero más que las previstas en la meta original.

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