Río de Janeiro, 9 may (EFE).- Los cerca de cien militantes de movimientos sociales que ocuparon hoy el Salón Noble de la Presidencia brasileña en un acto en defensa de la presidenta Dilma Rousseff abandonaron voluntariamente el Palacio de Planalto tras haber amenazado con una ocupación por tiempo indefinido.
Los manifestantes, que permanecieron unas cuatro horas en el salón principal del segundo piso de la Presidencia para protestar contra el posible juicio político que amenaza el mandato de la jefa de Estado, aceptaron desocuparlo tras un acuerdo con el ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Ricardo Berzoini, según fuentes oficiales.
Los militantes de grupos como Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), Central Única de los Trabajadores (CUT) y Movimiento Nacional de Lucha por la Habitación (MNLM) dijeron que decidieron desocupar el Palacio de Planalto en una votación en una asamblea y solo para sumarse a otra manifestación organizada por grupos aliados frente a la sede de la Presidencia.
Los manifestantes fueron invitados a participar en un acto oficial en la mañana de este lunes en el que la mandataria anunció su intención de crear cinco nuevas universidades y al final del evento se negaron a abandonar el Salón Noble.
Durante la breve ocupación, los militantes colgaron en los ventanales del segundo piso del Palacio de Planalto letreros en defensa de Rousseff y contra el proceso en el Congreso para destituirla.
Además, amenazaron con llevar alimentos y enseres para supuestamente permanecer atrincherados en la sede de la Presidencia e impedir la posible transferencia de la jefatura de Estado al vicepresidente brasileño, Michel Temer.
El pleno del Senado debe pronunciarse sobre la apertura de un juicio político a la mandataria en una votación inicialmente prevista para el próximo miércoles, que podría sufrir alguna variación tras la decisión del presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, de suspender temporalmente el proceso.
Pese a que el Senado se negó a aceptar la suspensión solicitada por Maranhao por considerarla intempestiva e ilegal, el cronograma inicial fue afectado.
En caso de que el Senado apruebe la apertura del juicio político, la presidenta sería obligada a dejar el cargo por 180 días, período en que Temer ejercería la Presidencia.